¿Preocupación o hipocresía política? Regulemos el financiamiento público y privado de los Partidos Políticos.

Por Ramón Villalta*
La noticia reciente de que el Presidente Hugo Chávez de Venezuela proveerá de un generoso financiamiento a la campaña del FMLN, según el informe sobre amenazas a la seguridad nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI de Estados Unidos ha provocado reacciones inmediatas en los diferentes sectores políticos y particularmente al partido ARENA y FMLN, por su parte ARENA ha pedido a las autoridades gubernamentales investigar y el FMLN ha calificado de “especulación” al referido informe.

El Presidente de la República y Presidente de ARENA ha manifestado PREOCUPACION y ha señalado que el gobierno salvadoreño iniciará una investigación argumentando que “Es inaceptable cualquier tipo de ingerencia en los asuntos internos del país. Los salvadoreños no aceptamos ninguna intervención”.

Compartimos la afirmación del Señor Presidente y vamos a tenerla presente en el transcurso del proceso electoral 2009 para evitar que ningún Estado, persona natural o jurídica o funcionario público externo pretenda intervenir o tener ingerencia en los asuntos internos que competen solo a El Salvador y esperamos que la actitud y pronta acción responsable y seria del Presidente sea la de investigar cuando se hagan señalamientos relativos a que fuentes privadas o estatales de otras nacionalidades están financiando la campaña de cualquier partido político, incluyendo a ARENA.

Es importante recordar que en el marco de las elecciones de 2004 declaraciones de altos funcionarios de Estados Unidos como Daniel Fisk Secretario Adjunto de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado que en junio de 2003 señaló que el FMLN tenía discursos que parecían escritos en la Habana, Otto Reich enviado de la Casa Blanca quien una semana antes de las elecciones manifestó estar preocupado por la eventual llegada de Schafick Hándal al gobierno siendo un admirador de Castro o la amenaza de tres legisladores en marzo de 2004 sobre la continuidad del TPS, las buenas relaciones USA – El Salvador y con aplicar controles al envío de remesas familiares, si llegaba el FMLN al Gobierno, constituyeron hechos de ingerencia externa; asimismo se han hecho señalamientos que el gobierno de Taiwán ha dado importantes contribuciones a campañas electorales en la región centroamericana sin descartar la posibilidad de haber apoyado al partido ARENA, sin que ello haya provocado o provoque un interés por investigar, incluso algunos personajes de derecha han llegado considerar que esas contribuciones son “buenas” porque, aún cuando se reconoce que Taiwán tiene intereses económicos en la región y en El Salvador y para asegurar los mismos tiene que apoyara a un partido que corresponde con sus intereses, esto no afecta en nada al país.

Cualquier Estado, funcionario o persona natural o jurídica externa apoya en forma dineraria, en especie o de cualquier índole que influya directamente en los resultados electorales, no puede menos que considerarse como ingerencia; no puede pensarse que un apoyo es bueno porque beneficia los intereses del partido en el gobierno y que otro es malo porque beneficia al oponente y que uno si merece ser investigado pero el otro debe ser aplaudido.

Esta preocupación presidencial no puede convertirse en un hecho mediático, y de propaganda política partidaria, como forma de desprestigio de su principal oponente político. Si existe en verdad una preocupación como estadista y no como dirigente partidario, debe el Presidente Saca demostrar su responsabilidad y seriedad. Primero dando la dimensión que la preocupación señalada en el informe del DNI, es apenas 3 líneas (en la página 35) en un documento de 46 páginas con unas 1748 líneas escritas; segundo que lo planteado es una posibilidad del futuro y no un hecho consumado.

Compartimos la iniciativa de promover una investigación que permita transparentar la actuación de cualquier funcionario, institución pública o en este caso partido político, lo cual tiene que ser una actitud y obligación gubernamental frente a cualquier situación similar; pero esa responsabilidad y seriedad del Presidente tiene que ser congruente con la necesidad de crear los mecanismos institucionales que puedan prevenir para que ningún Estado, persona natural o jurídica pueda financiar a ningún partido político y con ello favorecer a intereses particulares o geopolíticos.

Lamentablemente hemos sido testigos de cómo el Presidente del Tribunal Supremo Electoral (de ARENA), se opone a promover la aprobación de un reglamento de propaganda electoral; hemos visto oposición en ARENA en el impulso de una iniciativa de ley que posibilite tener control sobre el financiamiento público o privado de los partidos políticos, que posibilite la transparencia sobre el origen, manejo y uso de los recursos de los mismo.

El Presidente Saca esta obligado a ser responsable y serio como estadista, y debe promover e incentivar al Tribunal Supremo Electoral a promover la promulgación de un reglamento de propaganda electoral, un reglamento sobre financiamiento público y privado para campañas electorales y funcionamiento permanente de los partidos políticos. Debe de animar a la Asamblea Legislativa a la creación de una Ley de Partidos Políticos o al menos un decreto de reforma al Código Electoral para incorporar regulaciones sobre el financiamiento público y privado para partidos políticos.

Es lamentable que El Salvador siga teniendo el sistema electoral más obsoleto y se siga salvaguardando los intereses partidarios; las legislaciones en otros países de la región centroamericana incorporan ya importantes regulaciones de la materia en cuestión, como ejemplo citamos a Nicaragua y Guatemala, solo para que podamos tener una referencia de las cosas que se pueden evitar con el establecimiento de mecanismos legales e institucionales.

En Nicaragua, los partidos políticos que reciben financiamiento del Estado para la campaña electoral están en la obligación de rendir cuentas en forma documentada y detallada ante la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y al Consejo Supremo Electoral. Los Partidos Políticos o Alianzas pueden recibir donaciones de ciudadanos nicaragüenses extranjeros, las cuales se deben destinar para asistencia técnica y capacitaciones, pueden recibir aportes privados directos los cuales se deben usar para centros de formación y campañas electorales, estos aportes deben ser depositados en cuentas especiales abiertas en bancos del Estado o del Sistema Financiero Nacional y la documentación de la misma será pública y estar a disposición de la Contraloría General de la República.

En Guatemala, la ley electoral y de partidos políticos regula el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas estableciendo prohibiciones para recibir contribuciones de cualquier índole de los Estados o de personas individuales o jurídicas extranjeras; las contribuciones que reciban no pueden ser anónimas , están obligados a llevar registros contables, establece como máximo para el gasto de campaña electoral el equivalente a un dólar por ciudadano empadronado y ninguna persona individual o jurídica podrá hacer aportaciones que sobrepasen el 10% del límite de la campaña.

Cuenta con el Reglamento de control y fiscalización del Financiamiento Público y Privado, de las actividades permanentes y de Campaña electoral de las organizaciones políticas, en este se regula que las organizaciones políticas están obligas a llevar registros contables, de todas las transacciones financieras relacionadas con el origen, manejo y aplicación de sus recursos, los cuales deben estar respaldados con la documentación de soporte y deben resguardarlo por cinco años y estar a disposición del Tribunal Supremo electoral cuando este los requiera para su fiscalización; están obligados a llevar recibos para el registro de las aportaciones cuyos talonarios son autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria y toda persona individual o jurídica que efectué aportaciones equivalentes a diez mil dólares en adelante, deberá de presentar declaración jurada en acta notarial sobre la procedencia de tales recursos. Asimismo están obligados a rendir cuentas al TSE mediante la presentación de informe financiero anual del origen, manejo y aplicación y de informe financiero de campaña electoral específico sobre el origen, manejo y aplicación del financiamiento público y privado; debiendo además de presentar 30 días antes de la convocatoria de cada elección el presupuesto de su campaña electoral.

Así, El Salvador no puede seguir abordando los asuntos serios con actitudes mediáticas, no se puede pretender tener una actitud de castigo para unos y no crear la regulación necesaria para todos.

Es la oportunidad para Antonio Saca en su calidad de Presidente del Partido ARENA mostrar que su partido esta interesado en contribuir con el país, propiciando desde su fracción legislativa iniciativas de ley que vuelvan más transparentes a los partidos políticos, que posibiliten que los asuntos financieros de los partidos políticos sean asuntos de carácter público, que formalicen sus controles contables, que sean auditables, que permitan conocer el origen o procedencia de los recursos y la forma en como han sido utilizados, que rindan cuentas; que existan limites en los gastos de campaña, que existan mecanismos de control para quienes brindan aportaciones onerosas, que existan mecanismos de control para los medios de comunicación, entre otros aspectos.

* Director Ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia

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