Impuesto fiscal a telecomunicaciones supone aumento del 57% al sector y un navajazo en la espalda a los inmigrantes salvadoreños en el exterior.

Impuesto Fiscal a telecomunicaciones supone aumento del 57% al sector de telecomunicaciones entre operadores y un navajazo en la espalda al inmigrante salvadoreño - El Impuesto recaudará entre $80 - $110 millones anuales para financiar, según el gobierno, programas sociales – y fue aprobado por 48 votos de los partidos ARENA, PCN y PDC, ante la protesta de los legisladores del FMLN, que votaron en contra y el CD que se abstuvo. La aprobación del decreto se ejecutó la noche del jueves 12 de junio de 2008 sin dispensa de trámite, es decir, los partidos políticos se dieron cuenta de la iniciativa sobre la marcha en el mismo momento en que se dio el visto bueno por los promotores, sin discusiones, ni observaciones por parte del resto de formaciones políticas. Foto (Inmigrantes anónimos llamando desde Brooklyn, NY).

Lo que faltaba para colmar la desfachatez, la poca seriedad y la cara dura de la clase política arenera, pecenista y pedecista por el trato hacia los salvadoreños en el exterior. Los calificativos “desfachatez” y “cara dura” son intencionados y valen su precio en oro, más $40 millones cada uno a lo que se añade la indignación silenciosa de cientos de miles de salvadoreños, sin voz, ni voto, que vivimos en el exterior.

Pedimos participar en políticas públicas a los padres de la patria y se nos mete un garrotazo en el lomo de más de $80 millones anuales. Perdonen ustedes la gráfica enérgica del lenguaje que hoy utilizamos, pero es que el asunto lo amerita.

Ahí está la dedicatoria de nuestra Asamblea Legislativa con mucho amor y cariño hacia la participación de los hijos políticamente bastardos, pero económicamente rentables, de la patria salvadoreña, que vivimos en el exterior.

¿Quieren participación? Tomen su participación: un navajazo en toda regla por la espalda de $80 millones mínimo que se desplazará fuera de los bolsillos de los inmigrantes salvadoreños en el exterior hacia la pila de dinero público que administra el Gobierno central, con esas grandes lagunas de ineficiencias y vacíos oscuros gracias a la corrupción, dinerito bien lomeado del inmigrante que puede ir a parar a programas de gente que reclama más y mejor que los débiles del “sector social” como por ejemplo los señores del sector del transporte.

“Los hermanos en el exterior tienen plata” es lo que debe de pensar nuestra excelentísima clase dirigente:

• Más $4,000 millones en remesas oficiales para el 2008,
• Cerca de $800 millones en turismo activo también para 2008,
• Una gran incidencia en los sectores de transporte aéreo, la mensajería y la paquetería, las telecomunicaciones, bienes raíces, etc. que sumado todo junto bien podría sumar más de $1,000 millones
• Cerca del 85% del consumo privado nacional de las familias
• 80% de las exportaciones al exterior va dirigido al propio consumidor salvadoreño en el exterior
• Y cero participación en las elecciones y decisiones públicas.

Esta última medida –participación en políticas públicas mediante el voto exterior– frenada y anclada deliberadamente en los muelles oscuros de la Asamblea Legislativa. Ahí está la propuesta presentada para que la discutan, la modifiquen, para que hagan un bello esfuerzo de integrar al pueblo salvadoreño en el exterior en las decisiones colectivas y fortalecer así nuestra Democracia.

El olvido o la lentitud excesiva del anteproyecto de ley para integrar el pueblo salvadoreño en el exterior, mediante el voto, y la nueva medida del impuesto en las llamadas telefónicas de los salvadoreños que vivimos fuera de las fronteras nacionales sólo vienen a demostrar que el plan de la clase política salvadoreña no es integrar al pueblo salvadoreño en el exterior por la vía de la participación política sino por la vía de chuparles la sangre, con esmero y alevosía como en una fiesta organizada por vampiros y demonios, desesperados por el hambre, a la que han invitado solo a inocentes indefensos, sin capacidad de reacción, para chuparles el pescuezo justo lo suficiente para no dejarles morir y repetir el festín cuantas veces haga falta. (Foto: Salvadoreños trabajan de sol a sol en las campos de California, The L.A. Times.)

La calificación es exagerada –por la indignación de aquellos que no pueden protestar– pero tiene una enorme justificación.

El impuesto recaudará entre $80 - $110 millones anuales para financiar, según el gobierno, programas sociales. ¿De dónde sale esta cifra? De la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) que dice que en el 2007 hubieron un total de 2,768,289,155 minutos de tráfico entrante en llamadas internacionales. En base a esa cifra, si se cobra 4 centavos por cada minuto eso nos da un total de $110.7 millones, más el aumento del tráfico que se espera para el 2008 y las llamadas a cobro revertido.

Con la imposición fiscal, las llamadas desde EE.UU. a El Salvador, en el mercado de las tarifas entre operadores, pasan a costar de 7 centavos de dólar ($0.07) de media por minuto a 11 ($0.11), lo que supone un exagerado aumento del %57.14 al sector, todo un disparate dentro de los principios del libre mercado, con lo que el gobierno de El Salvador entra a pisotear, como elefante en una cacharrería, sus propias tesis de mercado que ha venido defendiendo e implementando durante estos últimos 20 años, con la peculiaridad añadida de la “doble moral” pues en este caso sólo se tributa al mercado internacional entrante, los 2,768.3 millones de minutos en llamadas entrantes desde el exterior, no al mercado nacional: los 7,178.5 millones de minutos del mercado nacional –Es decir, sólo se tributaran a las llamadas entrantes que en el 95% de los casos son de los inmigrantes que vivimos en EE.UU.

La factura global de las llamadas de los hermanos lejanos se sitúa en un rango de entre $249 millones y $1,024 millones, en el 2007, según los propios datos del gobierno (SIGET). El costo del rango en la factura se ha obtenido multiplicando el monto total de minutos de llamadas internacionales entrantes por el promedio bajo de $9 centavos el minuto y después por el promedio alto fijado en $37 centavos por minuto, tal como lo pone de manifiesto el informe de la SIGET.

Con el nuevo impuesto de 4 centavos por minuto la factura pasará a costar otros $110 millones adicionales al bolsillo de las familias inmigrantes salvadoreñas en el exterior, especialmente en EE.UU. A la factura habría que aumentarle las llamadas a cobro revertido hechas por los salvadoreños en suelo nacional hacia sus familiares en el exterior y sumarle el nuevo impuesto, ya que las llamadas a cobro revertido también tendrán el impuesto de 4 centavos por minuto.

Hay que aclarar que no estamos en contra de los programas sociales que quiere impulsar el gobierno. No. En lo que sí estamos es en contra de la medida adoptada, pues es deliberada, discriminatoria, de doble moral, e injustificada.

Antes de este impuesto, el saldo global de ingresos y egresos en las cuentas entre operadores nacionales e internacionales dejaba una riqueza neta de $77 millones al país o mejor dicho a los operadores salvadoreños, por el simple hecho de que hay más llamadas entrantes de clientes en el exterior que utilizan la red de operadores nacionales que llamadas salientes hechas por salvadoreños en suelo nacional que utilizan la red de operadores en el exterior. Para entenderse, un operador nacional puede ganar millones sin que ningún cliente nacional inicie una llamada, basta con que la reciba desde el exterior para que el operador nacional facture al operador internacional por la utilización de la red, que, a su vez, el operador internacional carga a la factura del usuario final, el salvadoreño que llama de Los Ángeles, por ejemplo, que es quien, al final, paga la cuenta.

Traducido: los operadores nacionales ganan $77 millones sin tener que ir a buscar clientes nacionales, pues cobran $7 centavos por minuto en la llamada que hace el hermano lejano desde EE.UU. a su familia, ahora cobrarán 11, de los cuales 4 centavos son para papa estado. En el 2007 fueron cerca de 3,000 millones de minutos en llamadas entrantes de los hermanos lejanos, como decimos en guanaco, eso es un "gran platal".

Así pues a ese saldo neto de $77 millones dólares por utilización de red que hacen posible los salvadoreños en el exterior ahora se suma el impuesto de $110 millones. El dato no es nuestro sino del propio gobierno obtenido a través de la SIGET, puede consultar el link. La versión del gobierno, sin embargo, según el titular de la SIGET, Fernando Argüello, en declaraciones a la Prensa Gráfica, es que la carga de los $110 millones no se va a traspasar al cliente final gracias al gran nivel de competencia en el sector existente en libre mercado de EE.UU. Aunque después el Jefe de la SIGET recula un poco y reconoce a ese periódico, “no lo puedo asegurar”.

El libre mercado no absorbe los gastos fiscales que se le imponen, pues no tiene esa función social-humanitaria hacia los más débiles, no hace esa distinción entre ricos y pobres, más necesitados o menos necesitados. Le da absolutamente igual. La única distinción que hace el mercado es sobre las perdidas y ganancias en su cuenta de resultados. Lo demás, le es indiferente.

Pero el impuesto tiene otras sombras más penosas y oscuras. Somos el único país de América Latina que no tiene, por ejemplo, un impuesto predial, de donde podrían recaudarse decenas de millones de dólares, sin tener que recurrir a la doble moral de fiscalizar en “un sentido” lo que ha sido considerado "no tributable" por el bien del "sagrado mercado" que siempre defendieron con uñas y dientes nuestros actuales gobernantes como el único método de crear riqueza, trabajo e igualdad para nuestro pueblo.

Aquí no sólo se deja la oportunidad de actualizarse en materia fiscal, no imputando el impuesto ahí donde corresponde y a quien lo puede absorber, en este caso los dueños de propiedades y de bienes inmuebles, sin tener que recurrir a la intromisión fiscalizadora en el mercado, en este caso el sector de telecomunicaciones entrantes y de cobro revertido, cuyo pago, al final, lo pagaran los propios inmigrantes salvadoreños, como ya está puesto de manifiesto en el informe de la SIGET, sino que también el gobierno se enreda en la inconsistencia de principios y manda el mensaje equivocado a las empresas del sector de telecomunicaciones.

La medida es recriminatoria y calculada pues puestos a elegir a quien engancharle el hachazo del impuesto en aras de impulsar y mejorar rápidamente, casi a la desesperada, el castigado “sector social” para ayudar, en teoría, a los desfavorecidos y aliviar la deteriorada imagen de la gestión social del gobierno realizada hasta ahora y aprovechando que entramos en campaña electoral, se ha elegido el sector democráticamente más débil, aquellos que no tienen ni voz, ni representación en las instituciones públicas, ni en las formaciones partidistas, son ellos la cabeza de turco de turno, los que absorben el castigo del navajazo fiscal por detrás de la espalda y no el sector inmobiliario, aquellos dueños de propiedades y de bienes inmuebles porque la medida –aunque sea buena y con fines loables– es también electoralista e insolidaria.

No se implementa el impuesto predial por que ello significaría tributar a los dueños de propiedades y éstos tienen voz y voto en los partidos y en las elecciones públicas y podrían castigar al partido actualmente en el poder. Y, sí, se tributa al siempre indefenso inmigrante por que no tiene ni voz ni voto en las elecciones públicas. Es como si éste fuera considerado por la clase política salvadoreña una especie de burro de carga al que se le puede poner otro bulto más encima del aparejo, ya pesado de por sí, y darle con el látigo.

Permítannos ahondar en la deficiencia de principios de esta medida fiscal: va, como hemos dicho anteriormente, en contra de la filosofía del libre mercado, ese que siempre han defendido los que actualmente nos gobiernan, que más o menos se resume así: “si fiscalizas el mercado, puedes provocar una bajada en las ventas, por que las cosas se encarecen, aumentan los stocks y por añadidura la oferta y por tanto disminuye la producción y con ello los puestos de empleos que dan de comer a la gente”. Este principio aplica a todo, tanto a productos como servicios y otros bienes más abstractos, en la economía de mercado, como son las telecomunicaciones.

Pero estos señores, esta vez, esos principios se los han metido por debajo de la pelvis y tributan al mercado sólo en un sentido: las telecomunicaciones internacionales entrantes y las de cobro revertido. Fíjense el salto cualitativo de sus propios principios, se tributa de la frontera nacional hacia fuera. Así el problema de producción, de ventas y de empleos queda en el otro lado, fuera de los límites nacionales y lo pagan los inmigrantes, los que no votan, ni tienen voz, así la medida no les afecta electoralmente. ¡Brillante verdad! ¿Por qué sino la medida sólo tributa a las llamadas internacionales entrantes, y no a todas las llamadas en general: transnacionales, nacionales, interdepartamentales y urbanas? Por que ahí se toparían con los votos de los consumidores que protestarían por el aumento del precio de las llamadas y de los agentes del libre mercado como Telefonica, France Telecom, etc. Así pues aquí a quien despellejan es al inmigrante, al débil, al que no puede defenderse, al que no tiene ni voz, ni representación.

¿Que más cinismo se puede pedir? Derecho a voto no, pero imposición fiscal sí, con los artilugios más sofisticados que pueden existir en el mundo de la tributación fiscal. Para eso si hay recursos y asesores del más alto nivel, para el derecho a voto no.

Por si eso no fuera poco, esos recursos que tanto nos hacen falta podrían salir de un esfuerzo en la eficiencia fiscal y en el ataque decisivo a la corrupción que existe en la recaudación del IVA y otros impuestos. No vamos entrar en los detalles pues bien es sabido que entre las grandes empresas, que actúan como intermediarios fiscales, afines al poder, hay una gran cantidad de IVA recaudado en sus cuentas bancarias por las ventas a los consumidores y de otros impuestos que no han sido pagados a Hacienda Pública, lo han dicho los propios aliados del gobierno como el Ex embajador de EE.UU. el Sr. Douglas Barclay y ahora lo ha vuelto a repetir el Embajador actual, el Sr. Charles Glazer y muchas organizaciones independientes como FUSADES y FUNDE. El gobierno recaudó, en el 2006, solo el 61.1% del IVA, que durante ese año fue de 1,308 millones, es decir se dejó de recaudar más de $300 millones por que el estado no tiene o no tuvo la capacidad de control e inspección fiscalizadora necesaria para recaudar todo el IVA que imputan las grandes empresas en la ventas a sus clientes (La Prensa Grafica 30 de Octubre de 2006, página 7).

Para el colmo de los colmos, el Ejecutivo sigue gastando entre $20 y $110 millones en publicidad, nadie sabe la cifra exacta y a qué empresas se paga o se encarga mejor dicho la publicidad del gobierno. Esa información está reservada hacia los adentros de la administración. Incluso se especula que el gasto de la publicidad institucional no es más que un artilugio financiero para transferir fondos desde el Ejecutivo a empresas privadas afines por ejemplo a NPC PUBLICIDAD, que tiene grandes contratos con instituciones de gobierno como el Ministerio de Obras Públicas y en donde Cesar Funes, dirigente del COENA, y su familia aparecen como accionistas mayoritarios.

(Foto dos niños salvadoreños marchan en Washington, DC - Agencia Reuters). La protesta del impuesto pues la hacemos con la contundencia que se merece y con el hincapié de que no estamos en contra de las “medidas sociales” que quiere impulsar el gobierno. A nuestro juicio, hay otros espacios para el ahorro y otros sectores de la economía salvadoreña más estables, más sólidos, más acordes con los principios del libre mercado, de donde pueden salir perfectamente esos 80 millones de dólares, sin tener que recurrir al machetazo fiscal en las costillas del pobre e indefenso inmigrante que sigue sin tener voz ni representación en las instituciones públicas de nuestro país para defenderse de este tipo de acciones desmedidas e injustas de la clase política salvadoreña que nos llevan de un plumazo al sistema feudal de hace 300 años, impuestos sí, voz y representación política no.

©Salvadoreños en el Mundo

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