Impuesto a las llamadas telefónicas: golpe a los sin voz ni voto

Impuesto a las llamadas telefónicas: golpe a la diáspora sin voz ni voto
Por Xiomara Peraza

No es nada nuevo ver cómo el gobierno salvadoreño, en alianza con la clase empresarial del país, le pone el ojo (y la garra) al dinero de quienes vivimos en el extranjero. Hay decenas de ejemplos al respecto y aquí solo quiero mencionar tres: la falta de políticas nacionales para lograr que menos gente salga del país “rumbo al norte”, las ferias de vivienda y las de salud.

Quién sabe desde hace cuánto tiempo tenían en el horno otra ‘gran iniciativa’ para quedarse con una porción más de esos dólares que con tanto esfuerzo gana la población que trabaja en otros países. Hablo del impuesto a las llamadas telefónicas internacionales que los diputados de los partidos de derecha aprobaron el jueves 12 de junio.

No entiendo muy bien el mecanismo por el cual ese impuesto lo pagaremos los que residimos afuera, pero así está escrito en la ley y seguro que así será. ¿Cómo es que un gobierno y los partidos que lo sostienen pueden imponer semejante carga en los hombros de quienes ya no lo habitan?

Yo me lo explico por dos razones: primero, un lugar común, se aprovechan de la nostalgia que sentimos por nuestros familiares y amistades. Eso está a la base del más reciente impuesto y de todos los demás esfuerzos que hacen los políticos y empresarios por sacar raja de las divisas que genera la diáspora salvadoreña. De ahí viene su discurso de las “remesas productivas” y su supuesta preocupación porque no todo se vaya en consumo.

En segundo lugar, como ya lo señaló alguien más en este blog, está el problema de que, en términos de comunidad residente en el extranjero, no tenemos voz ni voto para incidir en lo que hacen quienes gobiernan El Salvador. Y en este tema es que me quiero detener un poco más para analizar los sucesos tan vertiginosos del último mes.

Un par de días antes de la sorpresa del impuesto a las llamadas telefónicas, el candidato de ARENA a la presidencia, Rodrigo Ávila, presentó su propuesta para la diáspora salvadoreña denominada “Vamos de la mano hermano”. Como todo eslogan, carece de contenido y una se queda pensando: ¿qué querrá decir eso?

Pero mejor no pierdo mi tiempo tratando de descifrarlo (no hay nada qué descifrar). Las promesas de Ávila se centran en tres áreas: migración (gestionar visas en tiempos de cosecha y la renovación del TPS), inversión (facilidades para hacer negocios en El Salvador) y representación (voto extraterritorial).

En el tema de la representatividad, por ejemplo, es en el que menos resultados palpables se han producido en los últimos cinco años. Ávila lo limita prácticamente al voto desde el extranjero -cuya discusión no ha rendido frutos aún-, pero el término abarca mucho más, como sería la representación efectiva de la diáspora en la Asamblea Legislativa.

Me detengo en las promesas de Ávila, porque seguro que muy pocos recuerdan todas las que hizo el presidente Antonio Saca en su plan de gobierno para el periodo 2004-2008. En el programa del Ejecutivo, hay una sección que llama a los migrantes “socios estratégicos del progreso”. Ahí se enumeran varias acciones, algunas de las cuales se han cumplido y otras no, como la de la creación de un Comisionado Presidencial “para la atención especial y dedicada a los salvadoreños en el exterior”.

¿Quién le pide cuentas al presidente Saca sobre lo que prometió y no ha cumplido a unos meses de dejar su cargo?

Precisamente, es la diáspora salvadoreña la llamada a pedir cuentas a los funcionarios por sus decisiones y sus omisiones, sobre todo en el caso de los planes de gobierno presidenciales que la afectan directamente.

Me parece que el nuevo impuesto, por ejemplo, justifica y fortalece aún más la demanda de los salvadoreños en el exterior por tener participación en los asuntos nacionales. Mi argumento se basa en que la mayoría de países que cobra algún tipo de impuestos a sus ciudadanos en el exterior, también garantiza sus derechos civiles y políticos.

Creo que no me equivoco cuando digo que la gran mayoría de salvadoreños residentes en el extranjero gustosamente colaboraría en programas de beneficio en su país de origen, si al menos se lo pidieran decorosamente, como era el caso del extinto “Unidos por la Solidaridad”. Incluso, en el plano propositivo, ese impuesto a las llamadas telefónicas podría haber sido pensado para obtener fondos que mantuvieran vivo el programa del FISDL. Habría que pensar cómo se haría, pero seguro que muy pocos protestarían si el proceso conllevara una consulta a los directamente afectados, es decir, los que no vivimos en El Salvador.

Hace falta una comunidad migrante organizada, que se trace metas comunes, para que el gobierno salvadoreño y los partidos políticos vean en ella un actor importante, un agente social cuyas opiniones deben ser tomadas en cuenta en coyunturas como la que ocupa este artículo. Una comunidad migrante organizada podrá demandar también que las promesas del pasado y del presente –vengan de la derecha o de la izquierda- se cumplan.

Colaboradora de Salvadoreños en el Mundo

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