La tragedia en Málaga y la responsabilidad institucional

Por José Manuel Ortiz*

En la individualista isla de Inglaterra, considerada decadente en algunos aspectos por el resto del continente Europeo, la gente está subiendo de peso por comer demasiado en sus dietas. El Gobierno laborista de ese país, a través de la agencia estatal Food Standards Agency, ha aceptado que es, en parte, responsable del aumento de peso en la población por no suministrar a la ciudadanía un espacio informativo eficiente para promover dietas sanas en el hábito del comer de sus ciudadanos.

Bien distinta es la situación en nuestro país, donde la gente se muere por desnutrición o, lo que es lo mismo, se muere de hambre como así lo afirma el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, junto a otras organizaciones no gubernamentales y, sin embargo, a diferencia del gobierno inglés que se responsabiliza, en la parte que le toca, por el mero hecho de que su gente se esté hinchando comiendo, el gobierno de El Salvador, lejos de responsabilizarse y asumir su parte de corresponsabilidad, niega que en El Salvador la gente esté pasando hambre, menos aun que se esté muriendo por su causa.

La comparativa es tendenciosa, siempre lo son, pero en el fondo lo que quiero poner de relieve no son las diferencias entre el gobierno laborista inglés y el gobierno de ARENA en nuestro país –una columna no bastaría ni para empezar– sino un ingrediente de mayor importancia todavía ausente en nuestra Democracia, algo que los ingleses denominan “accountability”.

Parece una palabrita técnica para entendidos en contabilidad, pero en realidad es un término cotidiano en el léxico de la vida pública de muchos países avanzados, bajo el cual los oficiales electos de los gobiernos, de todos los partidos y a todos los niveles, se responsabilizan no sólo de sus actos directos como personajes en control de los recursos públicos, sino también de aquellos acontecimientos más indirectos como el aumento de la tasa de personas con VIH/SIDA, la subida del número de mujeres fumadoras, el alza en el número de suicidios nacionales, o algo menos trágico como es el aumento de peso en la población. Estos acontecimientos colectivos, muchas veces abstractos, derivados de comportamientos individuales no están dentro de las competencias directas de la gestión de gobierno, pero sí están dentro del terreno del término inglés “accountability” que practican muchas sociedades avanzadas y que tanta falta hace en nuestra Democracia.

La tragedia en la Colonia Málaga, hace unos días, es un episodio más en el que el Gobierno de nuestro país por enésima vez se descuelga de su responsabilidad ante el desastre colectivo con una rapidez al estilo Dalí, rayando el surrealismo: me recuerda ese avestruz en la serie del Coyote y el Correcaminos, en donde el flaco y hábil pájaro, con sus largas patas, trasformadas en una correa de transmisión que roza el suelo, desaparece de la escena del crimen a toda velocidad, siempre impecable y sin despeinarse.

El tormentón del 3 de julio que mató a 31 personas inocentes en la Colonia Málaga pudo haberse evitado pero, como dijo un alto funcionario público, el gobierno no tenía una bola de cristal para ver los acontecimientos con antelación.

La tormenta calló rápidamente en forma de diluvio en los alrededores de una área de baja seguridad, donde en teoría el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya había pasado el “scanner” de evaluación de riesgos y realizado construcciones de mitigación, basadas en “estudios técnicos”, obras de más de $18 millones para evitar posibles peligros de desbordamiento en períodos de lluvia altamente intensos en toda esa zona ya entonces denominada “zona de riesgo”.

El informe del MOP de 2005 contemplaba que sólo una lluvia de más de “210 milímetros” provocaría desbordamientos en la dichosa zona, pero a la hora de la verdad, bastó una aluvión de 128 milímetros, poco más de la mitad del nivel señalado en el informe, para que el agua, que no entiende de números, ni de informes técnicos, se llevara en su cause todo lo que encontrara por delante. Desgraciadamente, por delante se encontró a un bus de la Iglesia Elim lleno de niños, mujeres, hombres, familias enteras, que pasaba justo en el mal momento en el que el agua rebalsaba la altura de los muros de contención y demás obras de mitigación realizadas por el MOP unos meses atrás en esa zona, y se convertía en una autentica marejada, un tsunami mortal que se tragó en un abrir y cerrar de ojo a todos los pasajeros que iban dentro.

El motorista intentó maniobrar la camioneta palanqueando y acelerando para adelante y para atrás, pero la correntada los arrastró como a hormigas corriente abajo por el arenal de Monserrat. Milagrosamente de las 32 almas que iban en el bus, un muchacho de 16 años llamado Fabricio Montoya se salvó de la muerte, haciendo uso literal de ese dicho tan cotidiano como terrorífico que todos conocemos, pero que pocos hemos practicado: ese famoso “sálvese quién pueda”.

De todos los pasajeros, fue el único que aplicó ese protocolo prehistórico de supervivencia que ha permitido a la humanidad llegar hasta estos tiempos. Donde los demás se pusieron a rezar clavados en sus asientos, el avispado muchacho, consiente de morir ahogado si no actuaba de inmediato, abrió la ventana de su asiento, la atravesó dejando parte de sus costillas y se tiró, en medio de la tempestad, de la mano de la suerte, encima de un tejado que encontró de chiripa de donde se colgó como pudo gracias a los reflejos de primate que algunos humanos todavía utilizamos y de unos vecinos que le tiraron una cuerda, mientras la camioneta era succionada por el chiflón, como una rata en la garganta de una serpiente.

El Ministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, más o menos dijo que él no puede prever el futuro del tiempo, a lo que perfectamente pudo haber añadido, “no me acusen ustedes de no tener un título en meteorología”.

La tragedia, a parte de poner en evidencia las debilidades del estado salvadoreño ante el desastre, confirma esa marcada habilidad que tienen nuestros “pájaros” políticos para zafarse de sus responsabilidades que lleva consigo el cargo público, porque en nuestra debutante Democracia todavía, además de la resistencia natural que exhiben a todas luces los oficiales del gobierno a aceptar la crítica ciudadana, se siguen entendiendo mal los términos “responsabilidad” y “culpabilidad”. Como diría el Embajador del Lenguaje en nuestra tierra, el Doctor David Escobar Galindo, la primera corresponde a una “realidad institucional desobedecida” mientras que la segunda a una “realidad intencional o no de la conciencia humana”. Traducido: La tragedia en la Colonia Málaga no es culpa del Ministerio de Obras Públicas, pero sí es, en parte, una responsabilidad directa o indirecta del Ministro Jorge Nieto, que de estar en otro país le llevaría a plantearse seriamente la renuncia de su cargo, o por lo menos el del ingeniero jefe al frente de las obras de mitigación. Los ingleses lo llaman “accountability” y yo todavía le estoy dando vueltas: ¿cómo llamamos nosotros a eso en nuestro país?

*Miembro de Salvadoreños en el Mundo - ©Salvadoreños en el Mundo
Lea otros artículos de este autor aquí

Newer Post Older Post