Ex presidente Alfredo Cristiani y ex cúpula militar de El Salvador enfrentan juicio en España
Por José Manuel Ortiz Benitez
A tres días exactos del XIX aniversario del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, una de ellas de 16 años, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, se presentó hoy en la Audiencia Nacional de España una querella judicial en la que se acusa a 14 militares del ejército salvadoreño de “crímenes contra la humanidad”, “asesinato” y “terrorismo de estado” y al ex presidente Alfredo Cristiani Bukard de "encubrimiento de crímenes de lesa humanidad". (Foto SEEM: Entrada de la Audiencia Nacional Madrid)
La querella se basa en el principio de Justicia Universal contra crímines de lesa humanidad, como el que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Baltasar Garzón, también de la Audiencia Nacional.
Los nombres que aparecen en la querella presentada esta mañana a las 10:03, hora local española, en la Audiencia Nacional son:
Alfredo Cristiani Burkard - Presidente de El Salvador, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
General Rafael Humberto Larios - Ministro de Defensa
General René Emilio Ponce - Coronel y Jefe del Estado Mayor Conjunto
General Juan Rafael Bustillo - General y Comandante de la Fuerza Aérea
General Juan Orlando Zepeda - Coronel Viceministro de Defensa
Inocente Orlando Montano - Coronel Viceministro de Seguridad Pública
Francisco Elena Fuentes - Coronel y Comandante de la Brigada de Primera Infantería
Carlos Camilo Hernández Barahona - Mayor y Decano Auxiliar de la Academia Militar.
José Ricardo Espinoza Guerra - Teniente del Batallón Alacatl
Gonzalo Guevara Cerritos - Teniente Segundo del Batallón Alacatl
Oscar Mariano Amaya Grimaldi - Soldado del Batallón Alacatl
Antonio Ramiro Avalos Vargas - Sargento del Batallón Alacatl
Angel Pérez Vásquez - Corporal del Batallón Alacatl
Tomás Zárpate, Castillo - Sargento Adjunto del Batallón Alacatl
José Alberto Sierra Ascencio - Soldado del Batallón Alacatl
La abogada que lleva el caso, Almudena Bernabeu, dijo a Salvadoreños en el Mundo que, en caso de que la querella sea aceptada por el Sr. Eloy Velasco, juez asignado al caso por reparto administrativo, la “Fiscalía del Estado español haría un informe favorable al procesamiento” y entonces se procedería a “una comisión rotatoria para que se notifique a los querellados la demanda”.
Según Bernabeu, una vez notificados los querellados, “tienen todo el derecho de presentar alegatos en su defensa y contratar representación legal”.
La abogada admitió que sólo “estamos en la fase previa a la posibilidad de enjuiciamiento de los querellados”, pero manifestó su confianza en el sistema de justicia del Estado español y en el material probatorio que acompaña la querella.
La querella se basa en el principio de Justicia Universal contra crímines de lesa humanidad, como el que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Baltasar Garzón, también de la Audiencia Nacional.
Los nombres que aparecen en la querella presentada esta mañana a las 10:03, hora local española, en la Audiencia Nacional son:
Alfredo Cristiani Burkard - Presidente de El Salvador, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
General Rafael Humberto Larios - Ministro de Defensa
General René Emilio Ponce - Coronel y Jefe del Estado Mayor Conjunto
General Juan Rafael Bustillo - General y Comandante de la Fuerza Aérea
General Juan Orlando Zepeda - Coronel Viceministro de Defensa
Inocente Orlando Montano - Coronel Viceministro de Seguridad Pública
Francisco Elena Fuentes - Coronel y Comandante de la Brigada de Primera Infantería
Carlos Camilo Hernández Barahona - Mayor y Decano Auxiliar de la Academia Militar.
José Ricardo Espinoza Guerra - Teniente del Batallón Alacatl
Gonzalo Guevara Cerritos - Teniente Segundo del Batallón Alacatl
Oscar Mariano Amaya Grimaldi - Soldado del Batallón Alacatl
Antonio Ramiro Avalos Vargas - Sargento del Batallón Alacatl
Angel Pérez Vásquez - Corporal del Batallón Alacatl
Tomás Zárpate, Castillo - Sargento Adjunto del Batallón Alacatl
José Alberto Sierra Ascencio - Soldado del Batallón Alacatl
La abogada que lleva el caso, Almudena Bernabeu, dijo a Salvadoreños en el Mundo que, en caso de que la querella sea aceptada por el Sr. Eloy Velasco, juez asignado al caso por reparto administrativo, la “Fiscalía del Estado español haría un informe favorable al procesamiento” y entonces se procedería a “una comisión rotatoria para que se notifique a los querellados la demanda”.
Según Bernabeu, una vez notificados los querellados, “tienen todo el derecho de presentar alegatos en su defensa y contratar representación legal”.
La abogada admitió que sólo “estamos en la fase previa a la posibilidad de enjuiciamiento de los querellados”, pero manifestó su confianza en el sistema de justicia del Estado español y en el material probatorio que acompaña la querella.
Dos cosas pueden ocurrir.
En el mejor de los casos para los querellados, el juez podría desestimar la querella, y archivar la diligencia iniciada por las dos organizaciones promotoras del caso, el Centro de Justicia y Responsabilidad de San Francisco, California, Estados Unidos y la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
En el segundo supuesto, el juez podría admitir la causa y eso daría paso a una serie de actuaciones para que la Fiscalía del Estado español trabaje de oficio en toda la parte administrativa del caso, que empezaría con la notificación formal a las partes querelladas.
En el peor de los casos para los querellados, y dada la buena relación en materia de extradición entre España y El Salvador, podría existir una pequeña y remota posibilidad de "orden de captura" siempre y cuando el juez admita la causa a juicio y los querellados “no se presentaran a declarar” ante lo que se les acusa, manifestó la letrada.
El lugar de las declaraciones de los querellados –si es admitida finalmente la querella a juicio– no está claro, ya que ese asunto compete sólo y exclusivamente a la discreción del juez Eloy Velasco.
Se espera que dentro de unas semanas, quizás meses, el juez Velasco dictamine si la querella consta del material mínimo para ser admitida a juicio.
Las víctimas asesinadas que presenta la querella son:
Padre Joaquín López y López
Padre Ignacio Martín-Baró
Padre Juan Ramon Moreno
Padre Segundo Montes
Padre Ignacio Ellacuría Bescoetxea
Padre Amando López
Ama de llaves Julia Elba Ramos
Hija de la ama de llaves Celina Meredith Ramos
Miembro Salvadoreños en el Mundo
El lugar de las declaraciones de los querellados –si es admitida finalmente la querella a juicio– no está claro, ya que ese asunto compete sólo y exclusivamente a la discreción del juez Eloy Velasco.
Se espera que dentro de unas semanas, quizás meses, el juez Velasco dictamine si la querella consta del material mínimo para ser admitida a juicio.
Las víctimas asesinadas que presenta la querella son:
Padre Joaquín López y López
Padre Ignacio Martín-Baró
Padre Juan Ramon Moreno
Padre Segundo Montes
Padre Ignacio Ellacuría Bescoetxea
Padre Amando López
Ama de llaves Julia Elba Ramos
Hija de la ama de llaves Celina Meredith Ramos
Miembro Salvadoreños en el Mundo
EUROPA PRESS | DPA
ReplyDeleteMADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco estudiará tramitar una querella presentada este jueves en estas dependencias judiciales por dos organizaciones de defensa de los derechos humanos contra 14 miembros del Ejército de El Salvador y el ex presidente Alfredo Cristiani Burkard por su presunta participación en el asesinato, en 1989, de seis sacerdotes jesuitas.
El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados en El Salvador el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría; los también españoles sacerdotes Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró así como el salvadoreño Joaquín López y López. Junto con los seis jesuitas fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
Al ex presidente Cristiani se le acusa de "un delito de encubrimiento de crímenes contra la humanidad", mientras que a los 14 militares se les acusa de ser autores materiales de "un crimen de lesa humanidad y asesinato en el contexto de crímenes contra la humanidad".
La querella presentada este jueves, recayó en reparto en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige Velasco. Este magistrado deberá decidir ahora si acepta a trámite la causa e inicia una investigación, tal y como le solicitan los querellantes, o si por contra acuerda archivar el caso.
La APDHE, quien cuenta con el apoyo del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) con sede en San Francisco (EEUU), basa su reclamación en que cinco de estas víctimas eran españolas y en el principio de Justicia universal, el mismo que permitió en 1998 el arresto del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Baltasar Garzón, informaron los querellantes. La querella ha sido interpuesta en nombre de Alicia Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de una de las víctimas de lo que se denominó como 'La masacre de los Jesuitas'.
Según precisó la abogada internacional del CJA, Almudena Bernabeu, "hay pruebas suficientes" para demostrar la responsabilidad de estas personas en los hechos, lo que según dijo, permite mantener unas "altas expectativas" de que la querella prosperará.
Objetos personales de los jesuitas. (Foto: EFE)
Posibilidad de extradición
Asimismo, indicó que los acuerdos de extradición entre España y El Salvador "son muy interesantes en cuanto a la entrega de nacionales salvadoreños" y, en ese sentido, no descartó la posibilidad de que el ex presidente Cristiani pudiese ser extraditado a España para ser juzgado en la Audiencia Nacional.
"Va ser un caso que puede agitar mucho la sociedad salvadoreña y la sociedad civil, tenemos la esperanza de que, en el peor de los casos, pueda influir el deseo del pueblo salvadoreño de que estas personas sean juzgadas, hay mucha prueba", añadió.
El actual presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, defendió a Cristiani, su correligionario en el partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). "Definitivamente, el presidente Cristiani no tiene absolutamente nada que ver en eso", dijo Saca, y llamó a "no abrir heridas del pasado".
Alfredo Cristiani fue presidente del país centroamericano entre 1989 y 1994 y los querellantes le acusan de encubrir estos crímenes que tuvieron lugar en noviembre de 1989 y precipitaron el final de la guerra civil en El Salvador, que enfrentó desde 1980 hasta 1992 a las Fuerzas Armadas de El Salvador y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Ante la justicia salvadoreña
Los asesinatos fueron perpetrados por miembros del Batallón Atlacatl del ejército salvadoreño, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Por los asesinatos de los jesuitas fueron llevados a juicio 14 militares en septiembre de 1991, pero sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quienes en marzo de 1993 quedaron en libertad tras la aprobación de una Ley de Amnistía.
La justicia salvadoreña no ha sido aplicada bajo la justificación de la vigencia de la Amnistía General de 1993 o bajo el alegato de la prescipción, sin embargo, las organizaciones de derechos humanos sostienen que los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables y son imprescriptibles.
El sacerdote jesuita, José María Tojeira, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Savador —donde se llevó a cabo la masacre— reiteró que "no participan en el proceso que se puede abrir en Madrid porque lo que deseamos en que funcione la justicia en El Salvador".
Según Tojeira, en El Salvador no se han agotado todas las posibilidades de encontrar justicia para el "caso jesuitas", ya que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la actualidad se ventilan dos demandas, una de las cuales puede llegar a la Corte del mecanismo regional, lo cual obligaría al Estado Salvadoreño a actuar.
Reavivan caso de los jesuitas asesinados en El Salvador
ReplyDeletePor JORGE SAINZ
The Associated Press
MADRID --
Dos organizaciones pro derechos humanos presentaron el jueves una querella para procesar al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y a otros 14 mandos militares por el asesinato en 1989 de seis jesuitas y dos empleadas domésticas en San Salvador.
La denuncia, registrada en la Audiencia Nacional española, está fundamentada en el principio de justicia universal e imputa a los 15 demandados de crímenes contra la humanidad y terrorismo de estado.
A punto de cumplirse 19 años de la matanza, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APHE) y la organización norteamericana The Center For Justice & Accountability (CJA), con sede en San Francisco, formularon las acusaciones con el apoyo de los familiares de las víctimas.
La demanda, según explicaron los abogados en rueda de prensa, pretende depurar las responsabilidades de lo que consideran un asesinato organizado por el Ejército, con la cooperación necesaria del gobierno presidido por Cristiani.
"No es una querella contra El Salvador", precisó el abogado de la APHE, Manuel Ollé. "Es una denuncia en contra de auténticos criminales independientemente de su nacionalidad".
El presidente de El Salvador, Tony Saca, dijo en San Salvador, que respeta la decisión de los familiares, pero que "abrir heridas del paso no es la mejor formula para la reconciliación, ya los salvadoreños nos hemos reconciliado bastante", señaló.
Afirmó que "definitivamente el presidente Cristiani no tiene absolutamente nada que ver en eso".
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en plena ofensiva del entonces insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), varios soldados irrumpieron en el campus de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA) de El Salvador y mataron a sangre fría a seis sacerdotes católicos de la orden jesuita y a dos trabajadoras de la residencia religiosa.
Cinco de los jesuitas eran españoles. Entre ellos se encontraba Ignacio Ellacuría, rector de la UCA entonces, una de las voces más importantes de la corriente cristiana de la liberación en América Latina.
"El asesinato de Ellacuría fue la crónica de una muerte anunciada. No fue el crimen de un grupo de soldados alocados. Fue el Ejército, apoyado por el gobierno", señaló Juan José Tamayo, un teólogo español amigo de Ellacuría.
En la querella se acusa a los 14 miembros de las Fuerzas Armadas salvadoreñas de participar directamente en la muerte de los jesuitas, mientras que al ex presidente Cristiani, de 60 años, se le considera "encubridor".
Entre los acusados están el ex ministro de Defensa salvadoreño Humberto Larios y el general René Emilio Ponce, Jefe Mayor Conjunto del Ejército salvadoreño en esa época.
Algunos de estos militares fueron juzgados en 1991 por la masacre pero la mayoría fueron absueltos. Poco después, tras el final de las negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN, una ley de amnistía promulgada en 1993 enterró definitivamente el caso.
Las organizaciones demandantes argumentaron en su escrito que bajo el principio de justicia universal, estos asesinatos quedaron impunes en El Salvador.
"Los crímenes contra la humanidad no se miden sólo por el número, por la cantidad de muertes, sino también por la importancia de los mismas", subrayó Ollé sobre lo que supuso el asesinato de Ellacuría.
Junto a la rector de la UCA, aquella trágica noche de 1989 fallecieron los sacerdotes españoles Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además del jesuita salvadoreño Joaquín López y la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina, ambas naturales de El Salvador.
"Fue un martirio. Los propios cristianos ubicados en la cúpula militar y política de El Salvador fueron los perseguidores de la Iglesia", aseguró Tamayo.
El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional será el encargado de tomar una decisión sobre la querella. Si la admitiera a trámite, comenzaría un largo y complejo proceso judicial similar al que hace 10 años siguió el magistrado Baltasar Garzón contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
La justicia española podría solicitar la extradición de Cristiani y del resto de los acusados, aunque las probabilidades de que se celebre un juicio en España por la muerte de los jesuitas son bajas.
En Espania los "Cabezas Rapadas" han matado y golpeado a immigrantes salvadorenos por racismo. Si los Espanioles quieren llevarse a un salvadoreno para que reciba un juicio alla, entonces que primero manden al grupo de
ReplyDeleteCabezas Rapadas para el juzgado primero de lo penal en San Salvador para que los juzguemos y los metamos en Mariona por golpear y matar immigrantes. Una vez los tengamos en Mariona, entonces les mandamos a Cristiani, y todos los milatares que quieran para que los hagan chicharones. Mientras tanto, que dejen de imponer leyes en paisitos como el nuestro. Si los jesuitas espanioles murieron en territorio salvadoreno, pues que se haga juicio en en territorio salvadoreno y que los culpables pagen con carcel en territorio salvadoreno. Que se dejen de babosadas los espanioles, sufieciente saqueo nos hicieron en la epoca de la conquista como para que hoy nos quieran imponer sus corruptas leyes.
Yo cuando sea presidente desidire si les mando a Cristiani siempre y cuando ellos me manden a los cabezas rapadas para meterlos en Mariona y que me los terminen de rapar ahi los de la MS.
Si se puede!!!!!
M. Funes.
Amigo Ortiz
ReplyDeleteDe cuando se dedica Ud al periodismo de elite???
Eso no es de su competencia.
Noticia en Suiza:
ReplyDeletePresentan una querella contra el ex presidente de El Salvador
MADRID - En Virtud del Principio de Justicia Universal, Grupos de Derechos Humanos Formulan Cargos contra el ex Presidente de El Salvador y 14 ex Militares por el asesinato de los Jesuitas.
ReplyDeleteHoy se presentó una querella en la Audiencia Nacional de España en un caso ocurrido hace 19 años y conocido como "La Masacre de los Jesuitas," en la cual miembros del ejército salvadoreño asesinaron a seis sacerdotes, su empleada domestica y la hija de ésta de 16 años. La masacre fue uno de los más infames crímenes del siglo veinte y uno de los hechos principales de final de la larga guerra civil salvadoreña que duró doce años.
La querella fue presentada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), concede en San Francisco, Estados Unidos, y por la Asociación Pro Derechos Humanos en España, concede en Madrid. La querella presenta cargos contra 14 ex oficiales y soldados por crímenes contra la humanidad y contra el ex Presidente y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de El Salvador, Alfredo Cristiani, por su participación en el encubrimiento del crimen, en virtud del principio de justicia universal – el mismo principio aplicado en el caso contra el dictador chileno Augusto Pinochet, el cual se originó también en la Audiencia Nacional de España.
Precedentes de este caso son la acusación en el Tribunal Internacional Penal contra el Presidente Sudanés Omar al-Bashir por genocidio y la convicción en Estados Unidos de Charles "Chuckie" Taylor, Jr. por torturas cometidas en Liberia.
De acuerdo con la Directora Ejecutiva del CJA, Pamela Merchant, "esta es una señal más de que el movimiento de justicia internacional está ganando inercia. Esperamos que la presentación de este importante caso dé un gran impulso a la campaña en pro de la justicia en El Salvador. Como al-Bashir, Fujimori, Pinochet y otros perpetradores de crímenes contra la humanidad, los responsables de la Masacre de los Jesuitas y otros abusos cometidos durante los 12 años de guerra civil en El Salvador no pueden escapar a la justicia."
Con la intención de culpar a la guerrilla del FMLN, el ejército de El Salvador destruyó pruebas relacionadas con el crimen que hicieron la investigación muy difícil, y hasta los Estados Unidos tuvieron que intervenir. El Representante del Partido Demócrata por Massachussets Jim McGovern, que entonces era un asistente del Congreso, investigó los asesinatos en nombre del hoy fallecido Congresista Joseph Moakley. Esta investigación causó una drástica reducción de la ayuda económica norteamericana al ejército, Moakley dijo: "Todavía no se ha contado la historia completa sobre estos espeluznantes asesinatos ni se ha responsabilizado a los verdaderos responsables de estos crímenes. Animó al gobierno de El Salvador a cooperar de manera completa para que se conozca la verdad y se haga justicia."
Y Jim McGovern añade a lo antes dicho: “no hay palabras para expresar la tristeza e indignación que sentí cuando descubrimos pruebas de que miembros del Estado Mayor Salvadoreño estaban involucrados en los asesinatos y en su encubrimiento”.
Cuando el caso fue llevado a juicio en El Salvador en 1991, sólo dos oficiales del ejército fueron declarados culpables de asesinato e "instigación y conspiración para cometer actos de terrorismo". La Comisión de la Verdad de la ONU en El Salvador corroboró las pruebas presentadas en el juicio, pero la Ley de Amnistía de 1993 permitió su pronta liberación. Los autores – incluido el ex Presidente Cristiani, quien jugó un papel clave en el encubrimiento del crimen – continúan viviendo en El Salvador, ejerciendo influencia política y abogando por la permanencia de la Ley de Amnistía de 1993.
La CJA
El Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) es una organización internacional de derechos humanos dedicada a poner fin a la tortura y otras serias violaciones de derechos humanos alrededor del mundo y defender los derechos de los supervivientes en busca de la verdad, justicia y reparaciones.
CJA usa el litigio estratégico con el fin de exponer y procesar de manera individual a los violadores de derechos humanos, desarrollar leyes que protejan tales derechos y avancen el estado de derecho en países en periodos de transición.
Familiares de víctimas se pronuncian
“Estamos conmovidos y profundamente agradecidos por este esfuerzo de buscar justicia también en España impulsado por la Centro de Justicia y Responsabilidad y la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el ante la Audiencia Nacional”.
El sentir de los familiares fue expresado a través de un comunicado, en donde fueron enfáticos en señalar que “ahora nos llena de orgullo que estos grupos de derechos humanos busquen justicia en España. Ojalá esto sirva también para que más gente y nuevas generaciones en el mundo entero conozcan la calidad humana y labor de Ignacio Ellacuría Bescoetxea SJ, Ignacio Martín Baró SJ, Segundo Montes SJ., Amando López SJ, Juan Ramón Moreno SJ., Joaquín López y López SJ., Elba Julia Ramos y su hija Celina Ramos”.
Lo que M.Funes quiere expresar en su comentario merece mucho analisis, especialmente por nosotros los salvadorenos. No nos tenemos que dejar llevar por los sentimientos encontrados que generan las ideologias, Cristiani puede ser culpable al igual que los militares, pero tambien lo es Joaquin Villalobos y Sanchez Ceren, y todos los que combatieron en ambos lados. Pero ya no es tiempo de remover dolorosas heridas, la guerra fue un mounstro grande y pico fuerte en el pais, si reabrimos esas heridas, el dolor sera mucho mas fuerte. Ademas, por que el enfacis en Espanioles? quien los llamo a un pais en guerra en esos dias si sabian que estaban en peligro ?, por que no los protegio su emabajada en S.S. las 24 horas ?que tienen de especiales los jesuitas? y a los del mozote quien los reclama ? y los combatientes muertos por el ejercito en otros pueblos ? y los del ejercito muertos por los combatients guerrilleros ?? y Roque Dalton ? Y los masacrados en la zona roza por los comandos guerrilleros ? y Monsenior Romero? y Ricardo Poma ? y el campesino que murio por tener un hijo en el ejercito ? y Monterrosa ? Acaso hay que tener nacionalidad espaniola para que se le haga justicia a un muerto ? Por que nos prestamos algunos de nosotros para motivar a los espanioles a que se metan en nuestros asuntos ? y los indios muertos por los espanioles durante la colonizacion ? acaso no eran humanos para que tengan justicia ?
ReplyDeleteDejarian los espanioles que hagamos un juicio a los de la ETA en El Salvador por los muertos que han causado ? Quienes son los espanioles para creerce jueces del mundo ? y a ellos quien los juzga ? Y para que celebramos entonces el 15 de Septiemre ?
Seamos mas racionales hermanos y no hay que prestarnos ante los del primer mundo aplastandonos entre nosotros, ni a Villalobos, ni a Sanchez Ceren, ni a Cristian tenemos que darselos para que nos impongan su arrogancia solo por que nos ven del tercer mundo, tengamos dignida.
E.P
Que leccionsita de la de este señor.
ReplyDeleteHasta ahora solo habia leido sus columnas de opinion, ahora veo que el amigo Ortiz, le truena al periodismo directo y sin fisuras.
A los de SEEM gracias por este espacio.
Pablo cop.
El asesinato de los jesuitas españoles en El Salvador llega a los
ReplyDeletetribunales
Los acusados aparecen con sus títulos actuales. Los rangos tras cada uno de los nombres refleja la posición de cada uno en el momento de la masacre. Los primeros catorce querellados lo son como autores directos del crimen. El último querellado, Alfredo Cristiani Burkard, está incluido en la querella como cómplice en el crimen. Todos los querellados son responsables por ser miembros de una misma empresa criminal conjunta.
ReplyDeleteResumen de la estructura de la querella contra los presuntos autores del asesinato de los jesuitas en El Salvador (16-11-1989) Madrid, 13 de noviembre de 2008 Introducción Jurisdicción Acusación Popular: Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), San Francisco, California Representantes legales: Almudena Bernabeu, Abogada Internacional de CJA y Vicepresidenta de la APDHE Manuel Ollé Sesé, Abogado, Doctor en Derecho y Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, APDHE Carmen Lamarca, Abogada, Doctora en Derecho y Vicepresidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos en España, APDHE Acusados: Autoría (directa)
ReplyDeleteGeneral Humberto Larios, general y Ministro de Defensa General René Emilio Ponce, coronel y jefe del Estado Mayor conjunto de de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas General Juan Rafael Bustillo, comandante de las Fuerzas Aérea Salvadoreña General Juan Orlando Zepeda, vice Ministro de Defensa Coronel Inocente Orlando Montano, comandante de la Primera Brigada de Infantería Coronel Francisco Elena Fuentes, comandantes de la Primera Brigada de Infantería Coronel Guillermo Alfredo Benavides, director de la Escuela Militar Teniente Coronel Carlos Camilo Hernández Barahona, Asistente del director de la Escuela Militar Teniente José Ricardo Espinoza Guerra, miembro del Batallón Atlacatl Segundo Teniente Gonzalo Guevara Cerritos, miembro del Batallón Atlacatl Soldado raso Oscar Mariano Amaya Grimaldi, asignado al Batallón Atlacatl
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Sargento Antonio Ramiro Avalos Vargas, asignado al Batallón Atlacatl Cabo Ángel Pérez Vásquez, asignado al Batallón Atlacatl Sargento Segundo Tomás Zárpate Castillo, asignado al Batallón Atlacatl Soldado raso José Alberto Sierra Ascencio, asignado al Batallón Atlacatl Responsabilidad como Cómplice: Alfredo Cristiani Burkard, a la sazón Presidente de El Salvador y Jefe de las Fuerzas Armadas Introducción Principales conceptos generales y términos militares Hechos: Resumen de los hechos: la masacre de los Jesuitas y sus dos empleadas el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana, “José Simeón Cañas” (UCA). Contexto histórico y antecedentes. Reforma Agraria. Surgimiento de las Comunidades Cristianas de Base. El golpe de estado y el establecimiento de la Junta de Gobierno en 1979. Biografía de las víctimas y los hechos en relación a cada uno de ellos, (págs. 20-23). Relación de los crímenes y los cargos. La ofensiva del 13 de noviembre, 1989. El plan para llevar a cabo la masacre; los registros del 13 y 14 de noviembre, 1989 en la UCA. La reunión previa a planear la masacre, el 15 de noviembre, 1989. La masacre de los jesuitas el 16 de noviembre, 1989. Responsabilidad penal individual de los querellados. Autoría directa. Responsabilidad de mando. Empresa criminal conjunta. Cómplice. Ley de Amnistía de 1993. Cronología de los procesos legales en El Salvador. Juicio penal en El Salvador en 1990 (hincapié en las innumerables irregularidades del proceso). Querella presentada por la UCA en el año 2000. Fundamentos Jurídicos Jurisdicción: Audiencia Nacional de España y principio de justicia universal (art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Cuestiones procesales.
3
Querella:
Cuestiones jurisdiccionales.
Ley de Amnistía de El Salvador.
Cosa Juzgada aparente o fraudulenta.
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad
Los demandados son acusados de los siguientes crímenes:
Crímenes de Lesa Humanidad .
Asesinato en el contexto de crímenes de Lesa Humanidad
Terrorismo de estado.
Conclusión: Las acusaciones proponen las siguientes diligencias de prueba:
Interrogatorio de los querellados.
Testimonio de Juez Sidney Blanco, fiscal en el caso penal en El Salvador en 1990.
Henry Campos segundo fiscal en el caso penal de 1990.
Testimonio de Belisario Amadeo Artiga ex fiscal general del estado de El Salvador.
Testimonio de Carlos Méndez Flores, abogado defensor de los querellados en el proceso de 1990.
Testimonio de Erick Buckland, mayor del ejército estadounidense.
Testimonio del coronel Sigifredo Ochoa Pérez, Embajador de El Salvador en Honduras.
Copia de los documentos a la ONU, obtenidos en el curso de la investigación de la Comisión de la Verdad de la ONU en relación con la masacre de los jesuitas.
Solicitud al Ministerio de Defensa de El Salvador de todos documentos relevantes.
Medios Mexicanos:
ReplyDeletePresentan demanda en España contra el ex presidente salvadoreño
La Prensa Grafica:
ReplyDeleteDemanda por caso jesuitas en tribunal de España
Agencias
judicial@laprensa.com.sv
Fecha de actualización: 11/13/2008
Dos organismos humanitarios internacionales planean presentar este día una demanda por el caso del homicidio de los jesuitas.
La agencia Europapress reportó que la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), apoyados por el estadounidense Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), planean presentar la denuncia a nombre de Alicia Martín Baró, a quien se identifica como hermana de Ignacio Martín Baró, uno de los seis religiosos asesinados el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
La información reseña además que los dos organismos basan su querella precisamente en que cinco de las ocho víctimas eran de nacionalidad española, y en el principio de “Justicia universal”, según los querellantes, ejemplificando que ello permitió en 1998 el arresto del ex presidente chileno Augusto Pinochet por orden del juez español Baltasar Garzón.
Una abogada del CJA, Almudena Bernabeu, detalló que los demandados como autores materiales son 14 militares a los que solo identifica como ex miembros del batallón Atlacatl y el ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani Burkard por “encubrimiento de los crímenes ”.
Ayer se gestionó sin éxito obtener la reacción de Cristiani.
Por la muerte de los religiosos hubo en 1991 un juicio que derivó en la condena de dos de nueve miembros del batallón Atlacatl quienes salieron libres debido a la Ley de Amnistía en 1993.
Esta no sería la única ocasión que un caso local es llevado a la vía judicial a escala internacional. En EUA, el ex capitán de la Fuerza Aérea Álvaro Saravia —prófugo— fue condenado hace tres años en California, en ausencia. El juicio civil lo sentenció a pagar $10 millones a los familiares del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en marzo de 1980.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1175865.asp
El Diario de Hoy:
ReplyDeletePromueven "caso jesuitas" en corte penal de España
Jorge Ávalos
Miércoles, 12 de Noviembre de 2008
Dos organizaciones de derechos humanos presentarán hoy en la Audiencia Nacional de España una petición de apertura de un proceso penal en contra de catorce miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, por su presunta participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de ésta, de dieciséis años.
La querella incluye a un ex presidente, supuestamente por "encubrimiento de crímenes contra la humanidad".
La iniciativa será interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco, California, en nombre de la religiosa carmelita Alicia Martín Baró, hermana del jesuita Ignacio Martín Baró, una de las víctimas del hecho, ocurrido el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA).
Desde 2004, el CJA ha promovido casos similares en las cortes de Estados Unidos: en contra del ex capitán Álvaro Saravia; del ex viceministro de defensa Nicolás Carranza; y de los ex ministros de defensa José Guillermo García y Eugenio Vides Casanova.
La CJA eligió impulsar el caso en España debido a que esta nación tiene acuerdos vigentes de extradición con El Salvador y porque sus cortes admiten el "principio de justicia universal", utilizado antes para promover la captura del ex mandatario chileno Augusto Pinochet.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3019886
En Italia: Radio Vaticano:
ReplyDeleteEX-PRESIDENTE SALVADORENHO CIPRIANI DENUNCIADO PELA MORTE DE SEIS ...
Rádio Vaticano - San Salvador, 14 nov (RV) - Duas denúncias contra o ex-presidente Alfredo Cristiani e 14 oficiais do exército em serviço durante o seu mandato (1989-1994) ...
Prensa America Latina:
ReplyDeleteAmnistía pone barreras a la democracia
Inter Press Service America Latina y Caribe - hace 13 horas
Desde que el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) puso en vigor la amnistía, que no estaba prevista en los acuerdos de paz, sucesivos gobiernos se han ...
Estimados amigos, reciban un saludo y mis felicitaciones por darle cobertura, a este ditpo de informacion ya que el El SALVADOR nada dicen los medios locales. ME ENCANTARIA VER EDITORIALES Y COMENTARIOS DEL SENOR ALTAMIRANO.
ReplyDeleteLE PREGUNTO PORQUE AQUI NO HA HECHO TANTO ALBOROTO COMO EN EL CASO DE LAS FAR???????SENOR ALTAMIRANO USTED DEJA MUCHO QUE DESEARCOMO MEDIO INFORMATIVO.
SE VE QUE NUESTRO PAIS HACE NOTICIA: ASI COMO HEMOS SIDO EJEMPLO "EN EL PROCESO DE PAZ Y RECONCILIACION" ASI TAMBIEN DEBERIAMOS SERLO CON LAS INSTITUCIONES OSEA QUE FUNCIONEN QUE NADIE META MANO NI COMPRE JUECES EN EL SALVADOR NO HABRA PAZ SOCIAL SI JUSTICIA SI EN EL SALVADOR NO FUNCIONAN LAS INSTITUCIONES DONDE? ò A QUIEN DEBEMOS PEDIRLE QUE HAGA JUSTICIA EN NUESTRO PAIS?
ReplyDeleteA la persona que opino a las 4:15 de este dia, me solidarizo completamewnte con su parecer.
ReplyDeleteLOS ROTATIVOS OFICIALES DE ARENA COMO SER EDH, MAS DE LO MISMO, EL INMUNDO, EXCEPTUANDO LPG QUE MOSTRO UNA DIMINUTA NOTA. TCS, 2,4,6,35 NO DIRAN NADA PUES SON ARENISTAS Y NADIE HABLARA MAL DE SU CASA AUNQUE SE ESTE CAYENDO.
PERO LEJOS DE ESTO, ES UN ASUNTO DE ESTADO ! NO ES UNA EMPRESA PRIVADA !
LA VERDAD NADIE LA PUEDE TAPAR YA !
EL SOL NO SE PUEDE TAPAR CON UN DEDO ASI, LOS MILITARES DE LA CUPULA DE LA TANDONA RESPONSABLES DE LA MUERTE DE LOS HIJOS MERITISIMOS DE EL SALVADOR LOS JESUITAS, CRISTIANI COMO SU PRESIDENTE DEBE RENDIR CUENTAS HACIA LOS EUROPEOS Y DEJE DE HABLAR PAJA A LOS CONNACIONALES.
LA LISTA CRECE CON LAS MAÑAS DE SAFIE Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA QUE DESEA ANULAR EL VEREDICTO DE LA CORTE ESTADOUNIDENSE DE FLORIDA.
HASTA CUANDO SEÑORES DEJARAN SUS MAÑAS QUE TRASCIENDE EL AMBITO INTERNACIONAL?
NOSE DAN CUENTA QUE PEGAN EL GRITO CUANDO UNA MANIFESTACION SALE DE LA UNIVERSIDAD ALEGANDO QUE AUYENTA LOS FINANCISTA EXTRANJEROS PERO SON CIEGOS CUANDO UN FUNCIONARIO A NIVEL INTERNACIONAL SE LE ACUSA FORMALMENTE EN LAS CORTES ESTADOUNIDENSE Y ESPAÑOLA !!!
NO SE DAN CUENTA O SE HACEN... EN BUEN SALVADOREÑO, LOS MAJES !
Saludos,
Jose Matatias Delgado Y Del Hambre.
En Los Angeles:
ReplyDeleteReactivan caso de jesuitas asesinados
Dos organizaciones presentan querella ante la Audiencia Nacional de España contra el ex presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani
Y cuando una causa contra Sánchez Cerén, después de que deje la vicepresidencia. Son cientos de muertos en la conciencia de este señor, que por omisión y ansia de poder permitió que masacraran a sus propios combatientes.
ReplyDeleteMala hora en que este tipejo se apoderó de las FPL, Viva Cayetano Carpio.
El siguiente debe ser SAnches Ceren, es bato tiene que pagar lo que hizo.
ReplyDeleteDemandan
ReplyDeletejusticia por asesinato de sacerdotes jesuitas en El Salvador
En guatemala:
ReplyDeleteReavivan caso de jesuitas asesinados en El Salvador
La Prensa Grafica
ReplyDeleteConcretizan demanda por caso jesuitas
Como se anunció ayer, la demanda fue remitida a la Audiencia Nacional de España. El presidente Saca dijo que esto “abre heridas”.
Una demanda por el caso de seis jesuitas asesinados en El Salvador fue presentada ayer por dos organismos humanitarios de España y San Francisco (Estados Unidos), y fue remitida hoy a la Audiencia Nacional de España.
Tanto agencias internacionales de noticias como el portal de internet Salvadoreños en el Mundo reseñaron que la demanda por el asesinato de seis sacerdotes (cinco españoles y un salvadoreño), así como de un ama de llaves y su hija, fue remitida ayer por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA).
Los organismos ha presentado como acusados a altos mandos militares de las décadas de los ochenta y los noventa, así como al ex mandatario Alfredo Cristiani.
Al respecto, el presidente Antonio Saca señaló que el crimen era condenable, pero “creo que abrir heridas del pasado no es la mejor fórmula para la reconciliación”, y añadió: “Definitivamente, el (ex) presidente Cristiani no tiene absolutamente nada que ver en eso”.
El mandatario además comentó acerca de la imputación contra Cristiani: “Estamos con él y lo apoyamos, y lo apoyaremos hasta el último instante, porque es un hombre histórico para el país”.
Por otra parte, el actual rector de la UCA —lugar donde perecieron los religiosos—, José María Tojeira, aseguró que no se sumarán a un virtual proceso judicial en España.
Tojeira declaró que prefieren agotar todos los recursos a escala nacional, y explicó que aún esperan una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reabrir el caso contra los presuntos autores intelectuales. En 1991 se condenó a dos de siete militares imputados como autores materiales, que recuperaron su libertad por la Ley de Amnistía en 1993.
Además del ex presidente, los acusados fueron identificados por Salvadoreños en el Mundo como los generales Rafael Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Orlando Zepeda.
También fueron señalados los coroneles Inocente Montano y Francisco Elena Fuentes; además, el mayor Carlos Hernández y los tenientes José Espinoza y Gonzalo Guevara Cerritos.
Otros señalados son los soldados Óscar Amaya y José Sierra; los sargentos Antonio Ávalos y Tomás Zarpate; y el corporal Ángel Pérez Vásquez.
Cristiani: “Tengo la conciencia tranquila”
ReplyDeleteEl ex presidente de la República Félix Alfredo Cristiani dijo hoy tener la conciencia tranquila ante la demanda en su contra presentada el jueves anterior por el caso de seis jesuitas asesinados en El Salvador durante su gestión presidencial, de 1988 a 1994.
La acusación presentada por dos organismos humanitarios en la Audiencia Nacional de España incluye a 14 altos mandos militares de la época. Cristiani no se había pronunciado al respecto pese a los llamados a su oficina.
ReplyDelete“Tengo la conciencia tranquila, Dios sabe que soy inocente”, dijo tras el evento de inicio de campaña del partido ARENA ayer por la noche en Izalco, Sonsonate.
El también ex presidente Armando Calderón Sol apoyó a Cristiani al igual que lo hizo el jueves el actual mandatario de la República, Antonio Saca.
“Él (Cristiani) puso a la orden de la justicia salvadoreña a los asesinos, en ese sentido tenemos que estar claros que él es un hombre emblemático manchado por intereses políticos”, dijo Calderón Sol.
Saca señaló el jueves anterior que el crimen de los sacerdotes y sus dos empleadas ocurrido en la UCA era condenable, pero consideró que “abrir heridas del pasado no es la mejor fórmula para la reconciliación”.
Y añadió: “Definitivamente, el (ex) presidente Cristiani no tiene nada que ver en eso”.
El tribunal español no ha definido si admite la demanda.
En Los Angeles Times
ReplyDeleteIn El Salvador, a new push for justice in priests' slayings
En El International Herald Tribune
ReplyDeleteRights lawyers
file Spanish court case on El Salvador killings
En CNN Internacional
ReplyDeleteFormer El Salvador leader in war crimes case
Ex-president El Salvador
ReplyDeletebeschuldigd voor moord op jezuiëten
De moordpartij was een van de geruchtmakendste in de bloedige oorlog in El Salvador van 1980 tot 1992.
De mannen kunnen in eigen land niet vervolgd worden
En Asia:
ReplyDeleteEl Salvador killings may finally see trial in Spanish court
Nearly 20 years after the Salvadoran army
killed six Jesuit priests in one of the most notorious events of El
Salvador’s civil war, a criminal complaint
IN SAn Francisco
ReplyDeleteTough anniversaries
It's been 19 years since six Jesuit priests, their housekeeper and her daughter were murdered
by soldiers at their university residence in El Salvador
IN Denmark
ReplyDeleteCall to prosecute former Salvadorean president
Two human rights organisations have asked
the Spanish High Court to prosecute the former president of El Salvador, Alfredo
Cristiani
Presentan demanda en España contra el ex presidente salvadoreño
ReplyDeleteLa Jornada (México)
PDDH: tribunal internacional definirá extradición de acusados
El Diario CoLatino
Demandan ante la AN al ex presidente Cristiani por encubrir a los
Europa Press
Editorial
ReplyDeleteJuicio en España
El Faro
cartas@elfaro.net
Publicada el 17 de noviembre de 2008 - El Faro Enviar Imprimir
Dos organizaciones de defensa de los derechos humanos presentaron la semana pasada en Madrid una inédita denuncia contra el expresidente Cristiani, por encubrimiento de un crimen contra la humanidad, y contra 14 militares por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres que trabajaban con ellos. Ese es el crimen contra la humanidad.
Se trata de un caso sin precedentes, habida cuenta de que el juicio que se celebró en San Salvador en 1991 y que terminó con la condena a dos soldados (liberados poco tiempo después tras la ley de amnistía) fue incapaz de aplicar justicia llevando a prisión a los verdaderos responsables del crimen.
En El Salvador la Compañía de Jesús lleva más de tres lustros exigiendo justicia en el caso, pero ha sido imposible obtenerla aquí. Ahora, reabierto en España, los jesuitas han declarado públicamente que no apoyan esta medida, insistiendo en que el juicio debería llevarse a cabo en San Salvador y no en otro país.
España, sin embargo, tendría razones para admitir el caso: cinco de los seis asesinados eran de ese país y además la Audiencia Nacional de España tiene potestad para juzgar violaciones a los derechos humanos en cualquier lugar del mundo.
Con el caso ya en el sistema judicial español, vuelve a cobrar sentido la pregunta que provocó la ley de amnistía de 1993: ¿Deberían ser juzgados o al menos investigados los crímenes cometidos durante la guerra civil?
Independientemente del debate interno sobre esto, la respuesta de la comunidad internacional siempre ha sido contundente: sí. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser dispensados mediante ninguna ley de amnistía.
En el caso de la amnistía salvadoreña, la Corte Suprema de Justicia determinó en 2002 que es improcedente en casos cometidos después de 1989, porque un gobierno no puede declarar amnistía sobre lo cometido en su propio periodo.
Aún así, y a pesar de que El Salvador ha ratificado convenciones y pactos internacionales en los que se consigna que los crímenes de lesa humanidad no serán indultados, hasta ahora no ha sido posible que la justicia actúe ni en los casos más emblemáticos ni en los casos menores.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reiteró el 22 de agosto de 2003 que se tenía que revisar los alcances de la Ley de Amnistía. El documento consignaba que “el Comité reitera sus observaciones finales adoptadas el 8 de abril de 1994, en las cuales recomienda que se vuelva a examinar los efectos de Ley de Amnistía General y que se enmiende esta ley para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto (Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por El Salvador en 1979, que dispone que los crímenes contra la humanidad nunca dejarán de perseguirse).
El Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés) ha emprendido ya varios juicios contra criminales salvadoreños. Mediante estos juicios civiles, llevados a cabo en Estados Unidos, han sido ya condenados los ex ministros de defensa Guillermo García y Eugenio Vides Casanova; el ex jefe de la Policía de Hacienda y ex viceministro Nicolás Carranza y el ex capitán Álvaro Rafael Saravia, lugarteniente del mayor Roberto D’aubuisson, encontrado culpable por el asesinato de Monseñor Romero. Ahora, el CJA es también parte de la demanda en España.
Ciertamente es difícil obtener una respuesta contundente en el debate sobre la amnistía. Ni siquiera el rector de la UCA, el padre jesuita José María Tojeira, dice ahora estar seguro si se debería derogar o no. Pero esa decisión debería recaer en las víctimas, y no en los victimarios.
Hasta ahora, con el argumento de que no es conveniente reabrir heridas del pasado, sino ver a futuro, las autoridades han evitado cualquier investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil.
El Salvador, sin embargo, sigue siendo un país con muchos familiares de desaparecidos, torturados o asesinados a quienes se les ha sacrificado “en aras de la paz”. A ellos al menos se les debería considerar parte importante en la toma de decisiones de este tipo. Hasta hoy, han sido tratados como un sector marginal de la población guiado por intereses políticos. Pero los parientes de víctimas, que llevaron al coronel Carranza al banquillo de los acusados en Memphis, en noviembre de 2005, tuvieron una especie de liberación con sólo ver al ex militar acusado. Tratándose de un juicio civil, y no penal, el jurado le impuso a Carranza una sanción de medio millón de dólares, que no han sido entregados a sus acusadores. Pero a ellos lo que les importaba era reivindicar a sus parientes asesinados, y ver a su victimario responder por sus crímenes. Se trataba, dijeron, de una cuestión de dignidad.
¿En qué le afecta esto al proceso salvadoreño? Si se investigaran los crímenes, podríamos tener un sistema político más sano, en el que los que decretaron la orden de asesinar a los sacerdotes jesuitas o de torturas o masacres ya nunca más salieran a las calles a dar discursos políticos acuerpando candidatos. Se enviaría un mensaje claro a las nuevas generaciones: lo que se hizo estuvo mal, y por eso, quienes lo hicieron, deberían estar segregados de toda participación pública, como no sea señalados en los libros de historia como criminales y asesinos. De esos a los que la sociedad salvadoreña no quiere volver a ver, porque son una vergüenza pública. Con ello, ojalá, se asumiría en el discurso público que los criminales no lo son, o dejan de serlo, por el bando al cual pertenecieron. Los crímenes de lesa humanidad no son considerados así por la “ideología” que proclaman aún haber defendido, sino por la brutalidad de los actos. Por ser crímenes contra la humanidad entera.
Y esas nuevas generaciones, que no vivieron la guerra, podrían entonces liberarse de los discursos de guerra fría o de reivindicación de banderas obsoletas y ver al futuro con mayor claridad, construyéndolo sin dar cabida a este tipo de personas. ¿Hay que ver hacia el futuro? Estamos de acuerdo, justamente por eso es importante esclarecer el pasado.