Presidente Saca apoya a Cristiani ante la acusación presentada en España por asesinato de jesuitas en 1989 y pide no abrir heridas del pasado
Por Stefany Jovel*
El presidente de la república, Elías Antonio Saca, reaccionó hoy ante la querella que un grupo de derechos humanos interpuso ante la justicia española contra el ex presidente Alfredo Cristiani por intentar encubrir los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles-, su ama de llaves y su hija en 1989.
“Abrir heridas del pasado no es la mejor fórmula para la reconciliación, ya los salvadoreños nos hemos reconciliado bastante”, dijo Saca.
Sobre los delitos contra el ex mandatario Saca dijo lo siguiente: “El presidente Cristiani es el presidente de la paz. Estamos con él y que lo apoyamos y lo apoyaremos hasta el último instante, porque es un hombre histórico para el país. Definitivamente, el presidente Cristiani no tiene absolutamente nada que ver en eso”, indicó el actual mandatario.
La querella interpuesta también está dirigida contra 14 ex miembros del ejército salvadoreño, a los que se considera autores de la masacre, una de las más conocidas en la sangrienta guerra del país entre 1980 y 1992, dijeron dos grupos de derechos humanos.
"En el momento de la masacre, Alfredo Cristiani Burkard era el presidente de El Salvador y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas", dijo el sumario del caso facilitado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, en sus siglas en inglés), con sede en San Francisco. "Según la denuncia, jugó un papel activo en el encubrimiento del crimen y en la posterior obstrucción de la investigación", agregó.
La Audiencia Nacional española debe decidir ahora si acepta el caso y presenta cargos contra los acusados, que en su propio país estarían protegidos por una Ley de Amnistía que salvaguarda a los antiguos participantes en el conflicto de El Salvador.
Crimenes contra la humanidad
Magistrados españoles, con el argumento de que los crímenes contra la humanidad puede ser perseguidos en cualquier parte, abrieron en los últimos años importantes casos contra personas que cometieron delitos contra los derechos humanos y escaparon a la acción de la justicia en su país, incluido el ex dictador chileno Augusto Pinochet, que evitó por poco la extradición a España en 2000.
La querella sostiene que uno de los acusados, el general René Emilio Ponce, ordenó el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuria, que había culpado de los males del país a la injusticia social y pedido el final negociado del conflicto.
Ponce ordenó a sus hombres no dejar a ningún testigo con vida, dijo el texto de la querella.
En las primeras horas del 16 de noviembre de 1989, según la Comisión de la Verdad patrocinada por Naciones Unidas, un grupo de soldados entró en el campus de la Universidad Central Americana (UCA) donde Ellacuria trabajaba como rector y se dirigieron al centro pastoral.
Una vez allí ordenaron a Ellacuría y a otros cinco sacerdotes jesuitas tumbarse boca abajo en el suelo para dispararles acto seguido. También mataron al ama de llaves de los curas y a su hija de 13 años.
Después, los soldados dejaron una nota atribuyendo el ataque a las guerrillas izquierdistas del FMLN.
Los asesinatos, al igual que la muerte del arzobispo Oscar Romero y la violación y asesinato de un grupo de monjas estadounidenses en 1980, atrajo la atención internacional y supuso una gran presión para el Gobierno salvadoreño.
La guerra acabó en 1992. Después de una investigación criminal, dos oficiales fueron condenados por las muertes de los jesuitas y encarcelados, aunque fueron liberados poco después por la Ley de Amnistía aprobada en 1993.
*La Prensa Gráfica - Notas de Reuters 11/Noviembre/2008
El presidente de la república, Elías Antonio Saca, reaccionó hoy ante la querella que un grupo de derechos humanos interpuso ante la justicia española contra el ex presidente Alfredo Cristiani por intentar encubrir los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles-, su ama de llaves y su hija en 1989.
“Abrir heridas del pasado no es la mejor fórmula para la reconciliación, ya los salvadoreños nos hemos reconciliado bastante”, dijo Saca.
Sobre los delitos contra el ex mandatario Saca dijo lo siguiente: “El presidente Cristiani es el presidente de la paz. Estamos con él y que lo apoyamos y lo apoyaremos hasta el último instante, porque es un hombre histórico para el país. Definitivamente, el presidente Cristiani no tiene absolutamente nada que ver en eso”, indicó el actual mandatario.
La querella interpuesta también está dirigida contra 14 ex miembros del ejército salvadoreño, a los que se considera autores de la masacre, una de las más conocidas en la sangrienta guerra del país entre 1980 y 1992, dijeron dos grupos de derechos humanos.
"En el momento de la masacre, Alfredo Cristiani Burkard era el presidente de El Salvador y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas", dijo el sumario del caso facilitado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, en sus siglas en inglés), con sede en San Francisco. "Según la denuncia, jugó un papel activo en el encubrimiento del crimen y en la posterior obstrucción de la investigación", agregó.
La Audiencia Nacional española debe decidir ahora si acepta el caso y presenta cargos contra los acusados, que en su propio país estarían protegidos por una Ley de Amnistía que salvaguarda a los antiguos participantes en el conflicto de El Salvador.
Crimenes contra la humanidad
Magistrados españoles, con el argumento de que los crímenes contra la humanidad puede ser perseguidos en cualquier parte, abrieron en los últimos años importantes casos contra personas que cometieron delitos contra los derechos humanos y escaparon a la acción de la justicia en su país, incluido el ex dictador chileno Augusto Pinochet, que evitó por poco la extradición a España en 2000.
La querella sostiene que uno de los acusados, el general René Emilio Ponce, ordenó el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuria, que había culpado de los males del país a la injusticia social y pedido el final negociado del conflicto.
Ponce ordenó a sus hombres no dejar a ningún testigo con vida, dijo el texto de la querella.
En las primeras horas del 16 de noviembre de 1989, según la Comisión de la Verdad patrocinada por Naciones Unidas, un grupo de soldados entró en el campus de la Universidad Central Americana (UCA) donde Ellacuria trabajaba como rector y se dirigieron al centro pastoral.
Una vez allí ordenaron a Ellacuría y a otros cinco sacerdotes jesuitas tumbarse boca abajo en el suelo para dispararles acto seguido. También mataron al ama de llaves de los curas y a su hija de 13 años.
Después, los soldados dejaron una nota atribuyendo el ataque a las guerrillas izquierdistas del FMLN.
Los asesinatos, al igual que la muerte del arzobispo Oscar Romero y la violación y asesinato de un grupo de monjas estadounidenses en 1980, atrajo la atención internacional y supuso una gran presión para el Gobierno salvadoreño.
La guerra acabó en 1992. Después de una investigación criminal, dos oficiales fueron condenados por las muertes de los jesuitas y encarcelados, aunque fueron liberados poco después por la Ley de Amnistía aprobada en 1993.
*La Prensa Gráfica - Notas de Reuters 11/Noviembre/2008
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