Audiencia Nacional en España investigará el asesinato de los jesuitas de la UCA, pero desestima procesar al ex presidente Alfredo Cristiani
La Audiencia Nacional del estado español admitió este martes 13 de enero de 2008 a trámite una querella presentada contra 14 ex militares salvadoreños por la muerte de seis jesuitas, su ama de llaves y su hija en 1989, aunque rechazó la referida al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani por el supuesto intento de encubrimiento de los asesinatos.La querella había sido presentada el pasado noviembre por dos grupos de derechos humanos. La masacre de los jesuitas - cinco de los cuales eran españoles - es una de las más conocidas en la sangrienta guerra del país entre 1980 y 1992.
"En lo que hace referencia a la imputación contra (...) Alfredo Cristiani, no da lugar a su admisión, sin perjuicio del resultado de las diligencias que se practiquen, porque además de carecer de base indiciaria suficiente, no se le ha imputado participación en crímenes terroristas o de otra naturaleza de persecución universal, sino un supuesto delito de encubrimiento, por el que (...) tiene su persecución excluida", dijo el juez Eloy Velasco en un auto.
La justicia española, con el argumento de que los crímenes contra la humanidad pueden ser perseguidos en cualquier parte, ha abierto en los últimos años importantes casos contra acusados de delitos contra los derechos que escaparon a la acción de la justicia en su país, incluido el ex dictador chileno Augusto Pinochet, que evitó por poco la extradición a España en 2000.
Los asesinatos de los jesuitas, al igual que la muerte del arzobispo Óscar Romero y la violación y asesinato de un grupo de monjas estadounidenses en 1980, atrajeron la atención internacional y supusieron una gran presión para el Gobierno salvadoreño.
La guerra acabó en 1992. Después de una investigación criminal, dos oficiales fueron condenados por las muertes de los jesuitas y encarcelados, aunque fueron liberados poco después por la Ley de Amnistía aprobada en 1993 que salvaguarda a los antiguos participantes en el conflicto salvadoreño.
Los demandantes
La demanda había sido presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y por el Center for Justice and Accountability, aunque el magistrado de la Audiencia señaló que no había recibido la documentación requerida a este último grupo para ratificar la querella.
La Querella
La querella sostiene que uno de los acusados, el general René Emilio Ponce, ordenó el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría, que había culpado de los males del país a la injusticia social y pedido el final negociado del conflicto.
Ponce ordenó a sus hombres no dejar a ningún testigo con vida, dijo el texto de la querella.
La querella se apoya en el principio de justicia universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez español Baltasar Garzón.
En su querella, las dos organizaciones promotoras del caso acusaban al ex presidente Cristiani (1989-1994), comandante en jefe de las Fuerzas Armadas salvadoreñas en 1989, de ser "cómplice" por "encubrir" el crimen, y a los catorce militares de ser "los responsables" del diseño y la ejecución.
Los hechos
En las primeras horas del 16 de noviembre de 1989, según la Comisión de la Verdad patrocinada por Naciones Unidas, un grupo de soldados entró en el campus de la Universidad Central Americana (UCA) donde Ellacuría trabajaba como rector y se dirigieron al centro pastoral.
Una vez allí, ordenaron a Ellacuría y a otros cinco sacerdotes jesuitas tumbarse boca abajo en el suelo para dispararles acto seguido. También mataron al ama de llaves de los curas y a su hija de 13 años.
Después, los soldados dejaron una nota atribuyendo el ataque a las guerrillas izquierdistas del FMLN.
Los Acusados
Se trata de los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, además de los coroneles Inocente Orlando y Francisco Elena Fuentes.
La demanda incluye también a los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos.
Asimismo están acusados los sargentos Antonio Ramiro Avalos y Tomás Zárpate, así como el cabo Ángel Pérez y los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra.
Por este crimen ya fueron juzgados en El Salvador, en 1991, una decena de militares, pero sólo dos de ellos, el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno y el teniente Yussy Mendoza, fueron a prisión, aunque después quedaron en libertad tras la aprobación en la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.
Las diligencias del Juez Eloy Velasco
Para comenzar su investigación, Velasco cita a declarar al ex fiscal general de El Salvador, Belisario Amadeo Artiga; al juez Ricardo Zamora y a los abogados Henry Campos y Sideny Blanco, que ejercieron la acusación particular en la causa seguida en el país centroamericano contra militares acusados de la matanza.
Pide además que le remitan las actuaciones seguidas en aquel país y solicita una comisión rogatoria a las autoridades estadounidenses para lograr que testifiquen dos nacionales de EE.UU., el congresista William McCollum y el mayor del Ejército de EE.UU. Erick Buckalnd.
El Salvador vivió una guerra civil entre 1980 y 1992 que, según organismos humanitarios, causó más de 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 inválidos, así como miles de desplazados.
Publicación con notas de las Agencias Reuters, AFP, EFE 13/1/2009
Los demandantes
La demanda había sido presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y por el Center for Justice and Accountability, aunque el magistrado de la Audiencia señaló que no había recibido la documentación requerida a este último grupo para ratificar la querella.
La Querella
La querella sostiene que uno de los acusados, el general René Emilio Ponce, ordenó el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría, que había culpado de los males del país a la injusticia social y pedido el final negociado del conflicto.
Ponce ordenó a sus hombres no dejar a ningún testigo con vida, dijo el texto de la querella.
La querella se apoya en el principio de justicia universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez español Baltasar Garzón.
En su querella, las dos organizaciones promotoras del caso acusaban al ex presidente Cristiani (1989-1994), comandante en jefe de las Fuerzas Armadas salvadoreñas en 1989, de ser "cómplice" por "encubrir" el crimen, y a los catorce militares de ser "los responsables" del diseño y la ejecución.
Los hechos
En las primeras horas del 16 de noviembre de 1989, según la Comisión de la Verdad patrocinada por Naciones Unidas, un grupo de soldados entró en el campus de la Universidad Central Americana (UCA) donde Ellacuría trabajaba como rector y se dirigieron al centro pastoral.
Una vez allí, ordenaron a Ellacuría y a otros cinco sacerdotes jesuitas tumbarse boca abajo en el suelo para dispararles acto seguido. También mataron al ama de llaves de los curas y a su hija de 13 años.
Después, los soldados dejaron una nota atribuyendo el ataque a las guerrillas izquierdistas del FMLN.
Los Acusados
Se trata de los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, además de los coroneles Inocente Orlando y Francisco Elena Fuentes.
La demanda incluye también a los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos.
Asimismo están acusados los sargentos Antonio Ramiro Avalos y Tomás Zárpate, así como el cabo Ángel Pérez y los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra.
Por este crimen ya fueron juzgados en El Salvador, en 1991, una decena de militares, pero sólo dos de ellos, el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno y el teniente Yussy Mendoza, fueron a prisión, aunque después quedaron en libertad tras la aprobación en la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.
Las diligencias del Juez Eloy Velasco
Para comenzar su investigación, Velasco cita a declarar al ex fiscal general de El Salvador, Belisario Amadeo Artiga; al juez Ricardo Zamora y a los abogados Henry Campos y Sideny Blanco, que ejercieron la acusación particular en la causa seguida en el país centroamericano contra militares acusados de la matanza.
Pide además que le remitan las actuaciones seguidas en aquel país y solicita una comisión rogatoria a las autoridades estadounidenses para lograr que testifiquen dos nacionales de EE.UU., el congresista William McCollum y el mayor del Ejército de EE.UU. Erick Buckalnd.
El Salvador vivió una guerra civil entre 1980 y 1992 que, según organismos humanitarios, causó más de 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 inválidos, así como miles de desplazados.
Publicación con notas de las Agencias Reuters, AFP, EFE 13/1/2009
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Caso Alfredo Cristiani
Amigos abogados de SEEM q significa esto:
ReplyDelete"no da lugar a su admisión, sin perjuicio del resultado de las diligencias que se practiquen"
Significa acaso que se no se le puede meter al bote????
Buen reportaje amigos, estan aprendiento poco a poco.
ReplyDeleteEspero que la Audiencia Nacional de España (ANDE), no solo investigue el asesinato de los jesuitas (españoles) y de la ama de llaves y su hija, sino que tambien que sinceramente procuren la condena y purgación de esta contra todos los participantes de este diabólico acto contra la humanidad. Sería bueno que la ANDE publique la lista de nombres no solo de los curas sino tambien de la Elba Ramos y su hija Celia Marisela ya que tambien ellas son importantes ante los ojos de Dios y de la familia de estas victimas inocentes. Igualmente, la ANDE debe publicar la lista de los asesinos sospechosos cada vez que publiquen algun articulo en relacion al asesinato y la investigación.
ReplyDeleteAL AMIGO DE LA PREGUNTA JURIDICA SOBRE:
ReplyDelete"no da lugar a su admisión, sin perjuicio del resultado de las diligencias que se practiquen"
SIGNIFICA QUE SI EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE PRUEBAS E INDAGACIONES SOBRE LOS CASOS ADMITIDOS, RESULTA QUE HAY FUERTES EVIDENCIAS DE QUE CRISTIANI INDUJO O TOMO LA DECISION O DIO INSTRUCCIONES, ETC., ETC., ENTONCES PUEDE DAR LU GAR A INICIARLE A EL TAMBIEN UN JUICIO.
Compa de 13 de enero de 2009 7:42
ReplyDeletePues a ver si lo topan. Mi sospecha es que el incubrio todo depues de ocurrido.
Cuantos años le podrian caer???
En otras palabras:
ReplyDeleteLA JUSTICIA TARDA PERO LLEGA !
Las cortes Espanolas estan ejerciendo su papel en contra de los que incurrieron en el delito de asesinato contra sus connacionales Jesuitas Espanoles, ojala como se dice en Ingles... down in the road... se fortalezcan las pruebas de encubrimiento y participacion de Cristiani en estos asesinatos y por ende ser encausado.
Siempre me he preguntado, porque Cristiani llamo de regreso a Ellacuria a El Salvador para ser asesinado? Consecuentemente y logicamente me pregunto cuando precisamente se dio cuenta de los asesinatos, asumiendo que no sabia nada?
Les dejo mi inquietud para reflexionar sobre este magnicidio CONTRA LOS HIJOS MERITISIMOS DEL PUEBLO SALVADORENO.
Jose Matatias Delgado Y Del Hambre.
DEICIDIO DIRIA YO MATIAS DEICIDIO! HAN MATADO ASESINADO A LOS SACERDOTES JESUITAS REPRESENTANTES DE DIOS EN LA TIERRA!QUE COSA DICE EL VATICANO?
ReplyDeleteESTA MARCA DE CAIN NOS PERSIGUE AUNQUE A NOSOTROS PORQUE LA GENTE EN CUALQUIER LUGAR EN EL MUNDO DONDE VAYAS TE PREGUNTA SIEMPRE DE DONDE ERES Y TU LES RESPUNDES DE EL SALVADOR Y LA GENTE TE DICE
AHHH!DONDE ASESINARON A LOS JESUITAS Y LES VIENE AUTOMATICO EL COMENTARIO!MOSENOR ROMERO LAS RELIGIOSAS QUE ASESINARON LOS GUARDIAS GUACALUDOS ETC,ETC..
NO HABRA PAZ SIN JUSTICIA SOCIAL EN EL SALVADOR Y ESTO NO HACE RETROCEDER A EL SALVADOR COMO SOSTIENEN ALGUNOS! SINO QUE LO RATIFICA INTERNACIONALMENTE COMO UN PAIS QUE VA HACIA ADELANTE TRATANDO DE HACER LO MEJOR POSIBLE PARA QUE ESTOS HECHOS VERGONZOSOS Y DESHUMANOS HITLERIANOS NO QUEDEN IMPUNES!
LA DEMOCRACIA NO FUNCIONA SABOTEANDO EL SISTEMA DE JUSTICIA Y ENCUBRIENDO A LOS ASESINOS!
LOS ESTADOS UNIDOS DEBE DE ENTREGAR A ALGUNOS DE LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN AMPARADOS POR "REAGAN Y BUSH SENIOR" LOS SALVADORENOS QUEREMOS JUSTICIA Y LO PEDIMOS A GRITOS NO A LA IMPUNIDAD MILITAR!!DOBLE MAL PARA ARENA Y SUS FIGURAS HISTORICAS LA YAGA ESTA LLENA DE PUS Y ES NECESARIA EXTIRPARLA AUNQUE SI APESTA PERO DEBEMOS CERRAR ESA HERIDA Y BORRAR LA CICATRIZ SOLO ASI SERA POSIBLE LA RECONCILIACION!JUSTICIA PARA LOS JESUITAS, MONSENOR ROMERO, Y LAS RELIGIOSAS,AUNQUE SI SOLO SON UN PAR DE LOS TANTOS ASESINATOS PERPETRADOS POR LOS CUERPOS MILITARES Y PARAMILITARES EN EL SALVADOR!