Guantánamo, cuenta atrás
La aberración legal no se liquidará por arte de magia. Europa debe colaborar a un final civilizado
El presidente Barack Obama ha puesto en marcha la cuenta atrás para el cierre de Guantánamo, que podría dejar de albergar combatientes ilegales antes del plazo de dos años señalado durante la campaña electoral. La nueva Administración estadounidense se enfrenta en el caso de Guantánamo a la misma dificultad que Bush padeció a la hora de corregir otras iniciativas adoptadas en el marco de la guerra contra el terrorismo: como se está comprobando en el caso de Irak, era más fácil adentrarse en conflictos contrarios a la legalidad internacional y de naturaleza militar no bien definida que salir airosamente de ellos.
Para crear el limbo de Guantánamo bastó con la decisión de unos gobernantes ebrios de ideología y un puñado de juristas dispuestos a proporcionar coartadas retorciendo las palabras y las normas, tanto internas como internacionales. Para cerrarlo, en cambio, se necesitarán complejas decisiones que restablezcan el imperio de la ley sin poner en riesgo la integridad de los internos ni la seguridad de Estados Unidos u otros países.
La mayor dificultad que entraña el cierre deriva de la imposibilidad de devolver sin más a los prisioneros a sus lugares de origen o en los que fueron apresados. En el primer supuesto, sería tanto como condenarlos a pesadas penas, cuando no a la muerte en muchos casos, sobre la única base del estigma que supone haber padecido detención y tortura en Guantánamo. En el segundo, EE UU corre el riesgo de reintegrar a las redes terroristas un número indeterminado de militantes, puesto que no es posible prever la reacción de los prisioneros una vez en libertad, estuvieran o no vinculados originalmente al yihadismo. Pero este riesgo no autoriza la discusión acerca de la continuación del penal, sino que exige una reflexión sobre cómo cerrarlo sin demora. Tal vez el camino sea reconocer que los prisioneros han padecido una decisión inicua y otorgarles la reparación que prevén las leyes. No sólo por la obligación de hacer justicia, sino también para devolverlos a la existencia jurídica y poder así garantizarles un juicio justo que decida sobre su culpabilidad o su inocencia.
Algunos países europeos, y entre ellos España, prestaron su colaboración en distinto grado para que Guantánamo fuera posible. Por eso no basta con que ahora se desentiendan de las dificultades con las que tropieza la nueva Administración en Washington. Si aceptaron contribuir al problema, tienen que asumir sus responsabilidades en la solución. Entre otras razones, porque lo contrario no les ahorrará quedar expuestos a los efectos políticos de cuanto se vaya conociendo en Estados Unidos. Los esfuerzos por mantener en secreto lo que se decidió, o simplemente lo que se conocía y se consintió, pueden resultar infructuosos, puesto que la maquinaria política y judicial estadounidense ha recibido el inequívoco mandato de poner fin a una de las mayores vergüenzas de nuestro tiempo.
Editorial Publicación El Pais 25/1/2009
El presidente Barack Obama ha puesto en marcha la cuenta atrás para el cierre de Guantánamo, que podría dejar de albergar combatientes ilegales antes del plazo de dos años señalado durante la campaña electoral. La nueva Administración estadounidense se enfrenta en el caso de Guantánamo a la misma dificultad que Bush padeció a la hora de corregir otras iniciativas adoptadas en el marco de la guerra contra el terrorismo: como se está comprobando en el caso de Irak, era más fácil adentrarse en conflictos contrarios a la legalidad internacional y de naturaleza militar no bien definida que salir airosamente de ellos.
Para crear el limbo de Guantánamo bastó con la decisión de unos gobernantes ebrios de ideología y un puñado de juristas dispuestos a proporcionar coartadas retorciendo las palabras y las normas, tanto internas como internacionales. Para cerrarlo, en cambio, se necesitarán complejas decisiones que restablezcan el imperio de la ley sin poner en riesgo la integridad de los internos ni la seguridad de Estados Unidos u otros países.
La mayor dificultad que entraña el cierre deriva de la imposibilidad de devolver sin más a los prisioneros a sus lugares de origen o en los que fueron apresados. En el primer supuesto, sería tanto como condenarlos a pesadas penas, cuando no a la muerte en muchos casos, sobre la única base del estigma que supone haber padecido detención y tortura en Guantánamo. En el segundo, EE UU corre el riesgo de reintegrar a las redes terroristas un número indeterminado de militantes, puesto que no es posible prever la reacción de los prisioneros una vez en libertad, estuvieran o no vinculados originalmente al yihadismo. Pero este riesgo no autoriza la discusión acerca de la continuación del penal, sino que exige una reflexión sobre cómo cerrarlo sin demora. Tal vez el camino sea reconocer que los prisioneros han padecido una decisión inicua y otorgarles la reparación que prevén las leyes. No sólo por la obligación de hacer justicia, sino también para devolverlos a la existencia jurídica y poder así garantizarles un juicio justo que decida sobre su culpabilidad o su inocencia.
Algunos países europeos, y entre ellos España, prestaron su colaboración en distinto grado para que Guantánamo fuera posible. Por eso no basta con que ahora se desentiendan de las dificultades con las que tropieza la nueva Administración en Washington. Si aceptaron contribuir al problema, tienen que asumir sus responsabilidades en la solución. Entre otras razones, porque lo contrario no les ahorrará quedar expuestos a los efectos políticos de cuanto se vaya conociendo en Estados Unidos. Los esfuerzos por mantener en secreto lo que se decidió, o simplemente lo que se conocía y se consintió, pueden resultar infructuosos, puesto que la maquinaria política y judicial estadounidense ha recibido el inequívoco mandato de poner fin a una de las mayores vergüenzas de nuestro tiempo.
Editorial Publicación El Pais 25/1/2009
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