La justicia se acerca para los jesuitas de la UCA

Por Juan José Dalton*

El resultado trágico, y que impactó fuertemente al mundo, se apreció al amanecer del 16 de noviembre: cinco sacerdotes jesuitas, en pijama y descalzos, yacían boca abajo y con varios disparos en sus cuerpos, en el lugar ahora llamado "Jardín de las Rosas", de la UCA. Otro de los jesuitas fue acribillado en su dormitorio y las dos colaboradoras de los religiosos (madre e hija), también fueron rociadas de balazos en el interior de la vivienda que ocupaban las víctimas. Los jesuitas eran todos profesores de la UCA.

Los asesinados fueron el rector Ignacio Ellacuría; el vicerrector Ignacio Martín Baró; el director del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) Segundo Montes, así como los profesores: Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno y Amado López. Las mujeres colaboradoras asesinadas fueron: Julia Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos, su hija de apenas 16 años de edad.

"Nunca se ha hecho justicia. El juicio que hubo en septiembre de 1991 fue una farsa. Fueron encontrados culpables los entonces coronel Benavides y el teniente Yussy René Mendoza; ambos fueron condenados a 30 años de prisión y después amnistiados. Otros 9 oficiales y soldados recibieron penas excarcelables, quedaron en libertad y siguieron en la Fuerza Armada", explicó Benjamín Cuéllar, actual director del Idhuca y "heredero" de Segundo Montes.

"Fue inaudito: entonces, pese a pruebas de la policía española, Scotland Yard, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), no se enjuició ni a los asesinos materiales ni a los oficiales que planearon el caso. Hay testimonios que dicen que uno de los asesinos se jactó, después de la matanza, de haber matado a los curas y de haber ido a tomarse una cerveza", agregó Cuéllar.

En la actualidad hay varios procesos judiciales en marcha. Uno, quizás el más trascendente, es el interpuesto ante la Audiencia Nacional de España en noviembre del año pasado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés). Ambas organizaciones argumentan que cinco sacerdotes jesuitas eran de origen español.

Las organizaciones demandaron y acusaron a las siguientes personas: Alfredo Cristiani Burkard, (Presidente de El Salvador, Jefe de las Fuerzas Armadas); General Rafael Humberto Larios, (Ministro de Defensa); General René Emilio Ponce, (Coronel y Jefe del Alto Mando de las Fuerzas Armadas); General Juan Rafael Bustillo, (General y Comandante de las Fuerzas Aéreas); General Juan Orlando Zepeda, (Coronel y Vice Ministro de Defensa); Inocente Orlando Montano, (Coronel y Vice Ministro de Salud Pública); Francisco Elena Fuentes, (Coronel y Comandante de la Primera Brigada de Infantería); Carlos Camilo Hernández Barahona, (Mayor y Decano Asistente del Colegio Militar).

También fueron demandados los integrantes del Batallón Atlacatl: José Ricardo Espinoza Guerra, (Teniente); Gonzalo Guevara Cerritos, (Teniente Segundo); Oscar Mariano Amaya Grimaldi, (Soldado Raso); Antonio Ramiro Avalos Vargas, (Sargento); Angel Pérez Vásquez, (Cabo); Tomás Zárpate, Castillo, (Sargento Segundo); José Alberto Sierra Ascencio, (Soldado Raso).

Cuéllar, experto en acciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos, analiza que "el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, admitió el caso y va prosperando. Cristiani fue exonerado hasta que aparezcan pruebas contundentes que lo imputen".

"Ha habido obstáculos, como la no notificación a los imputados de lo que se les acusa. Las autoridades locales aseguran que no localizan sus direcciones y no les han notificado ni han podido nombrar abogados acreditados en España. Por otra parte, la corte salvadoreña no ha enviado (de forma) oficial y con copias certificadas los escritos de los proceso realizados en El Salvador", afirmó el defensor de derechos humanos.

Cuéllar, prácticamente el sucesor del asesinado jesuita Segundo Montes en el Idhuca, dice que la Compañía de Jesús en San Salvador ha insistido que la justicia se debe lograr en el lugar donde ocurrieron los hechos, "es decir, aquí en El Salvador. La lógica es que mejore la justicia local y a ello nos queremos acercar para el bien del país".

"En España el proceso avanza. No me extraña que un día el juez emita una orden de captura internacional. Será una prueba para las autoridades actuales en sentido de actuar con justicia y con valentía. El Idhuca, mientras tanto, continuará haciendo sus gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de que prospere en el ámbito continental y se presione a la justicia local", aseveró Cuéllar.

Finalmente dijo: "El padre Segundo Montes fue mi maestro en el Externado San José. Fue un hombre visionario que proyectó la lucha por la defensa de los derechos humanos en todos los ámbitos. El Idhuca actual no puede hacer menos que poner su esfuerzo para esa acción por la justicia y la lucha contra la impunidad, a la que queremos cerrarle el paso por medio de la abolición de la Ley de Amnistía de 1993, que se mantiene vigente".

Fuente: DPA 11/11/2009

Newer Post Older Post