La militarización de la segurida pública
De militarizar la seguridad pública a criminalizar a los Movimientos Sociales solo hay un paso. La contrainsurgencia en el siglo XXI
Por Roberto Cañas*
No nos engañemos las fotos de los periódicos con imágenes de elementos de la Fuerza Armada bajando personas de los buses para registrarlas solo recuerdan los años del conflicto. ¿Tendremos en frente el retorno de la Doctrina de la Seguridad Nacional. ¿Los militares volverán al discurso del enemigo interno? (Foto una unidad del ejército registra un hogar)
Las advertencias vienen desde el sur donde ya se escribe acerca del peligro: pues se afirma que está en marcha en Nuestra América “una estrategia global de contrainsurgencia. Los tiempos son graves y se irán endureciendo.
La derecha occidental (que se expresa en la contrainsurgencia) tiene como horizonte inmediato el retorno a la Doctrina de la Seguridad Nacional. Si alguien había pensado que Obama habría de trastrocar los planes del Imperio en su política bélica global, ya puede olvidarse de esas ilusiones. El fortalecimiento del golpe en Honduras marca una herida de impredecible (o acaso, lo que es peor, predecible) importancia en América Llatina. Obama ha sido derrotado, antes que por los golpistas hondureños, por el complejo militar-industrial de Estados Unidos” .
El movimiento social más grande del mundo. El Movimiento de los Sin Tierra (MST) del Brasil está denunciando una ofensiva en contra de movimientos sociales y sindicatos: “Quieren criminalizarnos para frenar las movilizaciones sociales en Brasil”, dice João Paulo Rodrigues, miembro de la dirección nacional del MST y responsable de la oficina en San Pablo. Y declara: “El MST vive una situación muy difícil. Porque al mismo tiempo que tenemos un Gobierno, el de Lula, que no reprime al movimiento social, nos confrontamos a un conjunto de aparatos e instrumentos del Estado brasilero que continúa con la vieja práctica de reprimir y no acepta que las organizaciones del movimiento popular o sindical tengan autonomía tanto en la movilización como en la organización de su base. Rodrigues se refiere de manera concreta al Poder Judicial; y al Ministerio Público que tanto a nivel federal como estatal, tienen en Brasil poder para investigar y criminalizar a los movimientos sociales, sean urbanos o rurales.
También el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que es un órgano parlamentario de mucho poder. Y no podemos olvidar, además, a muchos de los principales medios de comunicación, que, a su modo, criminalizan a los movimientos populares.
Sin duda estamos en un momento delicado también en El Salvador, donde se responde con políticas de gobierno, a problemas como el de la Seguridad Publica que ameritan la elaboración colectiva de una política de Estado. No se puede gobernar en base a lo que dicen las encuestas. Y en términos de la Seguridad Publica debe quedar claro que la solución del problema de la delincuencia es responsabilidad de todos comenzando por el gobierno. No hay desarrollo sin seguridad, pero también para que haya seguridad se necesita desarrollo.
Ya es tiempo que dejemos de medidas aisladas y pasemos al diseño de políticas de Seguridad Pública integrales. Integralidad significa para empezar reconocer que La inseguridad ciudadana tiene causas estructurales, socioeconómicas e históricas que han sido exacerbadas por las erróneas respuestas dadas por los gobiernos de ARENA durante las últimas dos décadas. Segundo darle integralidad a una política de estado de seguridad publica significa aceptar de una vez por todas que la seguridad pública es una función de naturaleza civil que debe ser ejercida por instituciones de naturaleza civil; el uso del ejército en la lucha contra la delincuencia no es aconsejable por los riesgos históricos y por el carácter distinto de la misión y formación de la entidad castrense. En tercer lugar reconocer que los(as) ciudadanos(as) tienen el deber y el derecho de participar en la consecución de su seguridad. El Estado está obligado a facilitar la participación comunitaria en la prevención, en el control social de las instituciones de la seguridad pública, en la superación de las causalidades de la violencia criminal. La sociedad civil organizada tiene un papel relevante en la prevención y la seguridad.
La participación social no tiene porqué sustituir la responsabilidad que los órganos de seguridad y policía tienen.
Y finalmente debemos adoptar la Cultura de Paz sin excusas: La promoción de una cultura de educación social que desde la familia, el sistema educativo y los medios de comunicación, divulgue valores de respeto al derecho de otros, al diálogo y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Todavía estamos a tiempo.
Por Roberto Cañas es columnista colaborador de Salvadoreños en el Mundo
Por Roberto Cañas*
No nos engañemos las fotos de los periódicos con imágenes de elementos de la Fuerza Armada bajando personas de los buses para registrarlas solo recuerdan los años del conflicto. ¿Tendremos en frente el retorno de la Doctrina de la Seguridad Nacional. ¿Los militares volverán al discurso del enemigo interno? (Foto una unidad del ejército registra un hogar)
Las advertencias vienen desde el sur donde ya se escribe acerca del peligro: pues se afirma que está en marcha en Nuestra América “una estrategia global de contrainsurgencia. Los tiempos son graves y se irán endureciendo.
La derecha occidental (que se expresa en la contrainsurgencia) tiene como horizonte inmediato el retorno a la Doctrina de la Seguridad Nacional. Si alguien había pensado que Obama habría de trastrocar los planes del Imperio en su política bélica global, ya puede olvidarse de esas ilusiones. El fortalecimiento del golpe en Honduras marca una herida de impredecible (o acaso, lo que es peor, predecible) importancia en América Llatina. Obama ha sido derrotado, antes que por los golpistas hondureños, por el complejo militar-industrial de Estados Unidos” .
El movimiento social más grande del mundo. El Movimiento de los Sin Tierra (MST) del Brasil está denunciando una ofensiva en contra de movimientos sociales y sindicatos: “Quieren criminalizarnos para frenar las movilizaciones sociales en Brasil”, dice João Paulo Rodrigues, miembro de la dirección nacional del MST y responsable de la oficina en San Pablo. Y declara: “El MST vive una situación muy difícil. Porque al mismo tiempo que tenemos un Gobierno, el de Lula, que no reprime al movimiento social, nos confrontamos a un conjunto de aparatos e instrumentos del Estado brasilero que continúa con la vieja práctica de reprimir y no acepta que las organizaciones del movimiento popular o sindical tengan autonomía tanto en la movilización como en la organización de su base. Rodrigues se refiere de manera concreta al Poder Judicial; y al Ministerio Público que tanto a nivel federal como estatal, tienen en Brasil poder para investigar y criminalizar a los movimientos sociales, sean urbanos o rurales.
También el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que es un órgano parlamentario de mucho poder. Y no podemos olvidar, además, a muchos de los principales medios de comunicación, que, a su modo, criminalizan a los movimientos populares.
Sin duda estamos en un momento delicado también en El Salvador, donde se responde con políticas de gobierno, a problemas como el de la Seguridad Publica que ameritan la elaboración colectiva de una política de Estado. No se puede gobernar en base a lo que dicen las encuestas. Y en términos de la Seguridad Publica debe quedar claro que la solución del problema de la delincuencia es responsabilidad de todos comenzando por el gobierno. No hay desarrollo sin seguridad, pero también para que haya seguridad se necesita desarrollo.
Ya es tiempo que dejemos de medidas aisladas y pasemos al diseño de políticas de Seguridad Pública integrales. Integralidad significa para empezar reconocer que La inseguridad ciudadana tiene causas estructurales, socioeconómicas e históricas que han sido exacerbadas por las erróneas respuestas dadas por los gobiernos de ARENA durante las últimas dos décadas. Segundo darle integralidad a una política de estado de seguridad publica significa aceptar de una vez por todas que la seguridad pública es una función de naturaleza civil que debe ser ejercida por instituciones de naturaleza civil; el uso del ejército en la lucha contra la delincuencia no es aconsejable por los riesgos históricos y por el carácter distinto de la misión y formación de la entidad castrense. En tercer lugar reconocer que los(as) ciudadanos(as) tienen el deber y el derecho de participar en la consecución de su seguridad. El Estado está obligado a facilitar la participación comunitaria en la prevención, en el control social de las instituciones de la seguridad pública, en la superación de las causalidades de la violencia criminal. La sociedad civil organizada tiene un papel relevante en la prevención y la seguridad.
La participación social no tiene porqué sustituir la responsabilidad que los órganos de seguridad y policía tienen.
Y finalmente debemos adoptar la Cultura de Paz sin excusas: La promoción de una cultura de educación social que desde la familia, el sistema educativo y los medios de comunicación, divulgue valores de respeto al derecho de otros, al diálogo y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Todavía estamos a tiempo.
Por Roberto Cañas es columnista colaborador de Salvadoreños en el Mundo
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Escuche a Carlos Cañas en una entrevista televisiva comentando que la seguridada ciudadana debe ser misma organizada por la sociedad civil como las ONG´s, las Iglesias tanto Catolicas como Evangelicas, las Organizaciones Populares, las Organizaciones Civiles y Sindicales.
ReplyDeleteEs tan cierto que para que logremos la paz no vendra atravez de laas armas y eso fue demostrado en la guerra: NO HUBO PAZA ATRAVEZ DE LAS ARMAS SINO ATRAVCEZ DEL DIALOGO Y ESTA VEZ, NO CON LAS MARAS, PERO CON NUESTROS HIJOS E HIJAS DEL CUIDO Y RESPETO HACIA LOS DEMAS EN UNA SOCIEDAD SALVADOREÑA TAN CASTIGADA POR LA VIOLENCIA HEREDADA DE LOS GOBIERNOS IMPUESTOS DEL PASADO.
Jose Matatias Delgado Y Del Hambre.