Funes se une a ARENA, GANA, PCN, PDC para neutralizar a la Sala de lo Constitucional de la CSJ
Funes defiende reforma que limita labor de Corte Constitucional salvadoreña
Por Carlos Mario Márquez
SAN SALVADOR — El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, negó este lunes que una polémica reforma judicial que promulgó con apoyo de la derecha opositora haya limitado las funciones de la Corte Constitucional, la cual reaccionó declarándola "inaplicable".
"En ningún momento le estamos impidiendo que la Sala (Constitucional de la Corte Suprema) resuelva", alegó Funes, quien ha recibido una andanada de críticas por sancionar -en vez de vetar- la polémica reforma aprobada en el Congreso sin el respaldo de la bancada oficialista de izquierda.
La Corte Suprema (CSJ) declaró "inaplicable" la reforma a la ley.
Recordó la CSJ que "la inaplicabilidad se constituye como una facultad -establecida en el artículo 185 de la Constitución de la República- de todo tribunal en la República de privilegiar la aplicación de la Constitución, como derecho superior, cuando esta resulte vulnerada por la legislación secundaria".
Asimismo, la reforma a la ley orgánica Judicial, según la resolución de la CSJ, "atenta contra el principio de separación de poderes, pues se constituye como una interferencia en la actividad jurisdiccional de la Sala".
Los diputados de la derecha opositora reformaron el jueves la Ley Orgánica Judicial y dispusieron que los fallos de la Sala Constitucional deberán ser aprobados por la unanimidad de sus cinco jueces y ya no por mayoría.
Funes sancionó rápidamente el decreto, que en la práctica paralizará a la Sala Constitucional, pues todos sus fallos venían siendo aprobados por 4-1.
La reforma fue denunciada como un "golpe a la democracia" por políticos oficialistas, defensores de derechos humanos y por la cúpula empresarial.
"No estamos (...) amarrando a la Sala, (...), la Sala puede resolver sin ningún problema, lo único que tienen que estar de acuerdo los cinco magistrados", se defendió el presidente, quien aseguró que no hubo "ningún pacto, ningún acuerdo entre la derecha y el presidente Funes".
La polémica estalló en medio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sesiona hasta el martes en San Salvador.
La Fundación Nacional para el Desarrollo, un centro de estudios ligado a los empresarios, dijo que "el Decreto 743 no es legítimo, porque violenta principios democráticos elementales, constituye un golpe a la independencia judicial y es producto de negociaciones que lesionan el interés público".
La Asociación Nacional de la Empresa Privada dijo que la reforma era "un verdadero golpe a la democracia".
"Esto puede convertirse en una situación explosiva y mi pregunta es qué cambió en El Salvador con la llegada de Funes" al poder, manifestó por su parte el director del Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana, Benjamín Cuéllar.
El partido gobernante, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, ex guerrilla izquierdista), también dijo rechazar la reforma.
La actual Sala de lo Constitucional, instalada en 2009 e integrada por cuatro jueces ajenos al mundo político y uno vinculado a la derecha, había cosechado elogios por haber venido fallando ajena a presiones políticas.
En 2009 afectó los intereses de Funes, al quitarle una partida presupuestaria secreta que era manejada a discreción.
Copyright © 2011 AFP. Todos los derechos reservados
Por Carlos Mario Márquez
SAN SALVADOR — El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, negó este lunes que una polémica reforma judicial que promulgó con apoyo de la derecha opositora haya limitado las funciones de la Corte Constitucional, la cual reaccionó declarándola "inaplicable".
"En ningún momento le estamos impidiendo que la Sala (Constitucional de la Corte Suprema) resuelva", alegó Funes, quien ha recibido una andanada de críticas por sancionar -en vez de vetar- la polémica reforma aprobada en el Congreso sin el respaldo de la bancada oficialista de izquierda.
La Corte Suprema (CSJ) declaró "inaplicable" la reforma a la ley.
Recordó la CSJ que "la inaplicabilidad se constituye como una facultad -establecida en el artículo 185 de la Constitución de la República- de todo tribunal en la República de privilegiar la aplicación de la Constitución, como derecho superior, cuando esta resulte vulnerada por la legislación secundaria".
Asimismo, la reforma a la ley orgánica Judicial, según la resolución de la CSJ, "atenta contra el principio de separación de poderes, pues se constituye como una interferencia en la actividad jurisdiccional de la Sala".
Los diputados de la derecha opositora reformaron el jueves la Ley Orgánica Judicial y dispusieron que los fallos de la Sala Constitucional deberán ser aprobados por la unanimidad de sus cinco jueces y ya no por mayoría.
Funes sancionó rápidamente el decreto, que en la práctica paralizará a la Sala Constitucional, pues todos sus fallos venían siendo aprobados por 4-1.
La reforma fue denunciada como un "golpe a la democracia" por políticos oficialistas, defensores de derechos humanos y por la cúpula empresarial.
"No estamos (...) amarrando a la Sala, (...), la Sala puede resolver sin ningún problema, lo único que tienen que estar de acuerdo los cinco magistrados", se defendió el presidente, quien aseguró que no hubo "ningún pacto, ningún acuerdo entre la derecha y el presidente Funes".
La polémica estalló en medio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sesiona hasta el martes en San Salvador.
La Fundación Nacional para el Desarrollo, un centro de estudios ligado a los empresarios, dijo que "el Decreto 743 no es legítimo, porque violenta principios democráticos elementales, constituye un golpe a la independencia judicial y es producto de negociaciones que lesionan el interés público".
La Asociación Nacional de la Empresa Privada dijo que la reforma era "un verdadero golpe a la democracia".
"Esto puede convertirse en una situación explosiva y mi pregunta es qué cambió en El Salvador con la llegada de Funes" al poder, manifestó por su parte el director del Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana, Benjamín Cuéllar.
El partido gobernante, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, ex guerrilla izquierdista), también dijo rechazar la reforma.
La actual Sala de lo Constitucional, instalada en 2009 e integrada por cuatro jueces ajenos al mundo político y uno vinculado a la derecha, había cosechado elogios por haber venido fallando ajena a presiones políticas.
En 2009 afectó los intereses de Funes, al quitarle una partida presupuestaria secreta que era manejada a discreción.
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Politica
Señor Funes, hasta aqui mi confianza en usted como presidente, el hombre que podia cambiar a El Salvador, ahora confirmo la expresion de Cristiani que dice: "todo hombre tiene su precio" y tambien me pregunto: Valio la pena venderles El Salvador a la derecha?. No le pesara en su conciencia?
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