Una afrenta infame

Por Manuel Garcia

En esencia, el mensaje es el mismo: los cuatros magistrados de la Sala Constitucional no pueden ni mover un dedo para derogar la Ley de Amnistía. Además, queda en evidencia que talvez el hombre más poderoso en El Salvador no sea el Presidente Mauricio Funes. ¿Quién tiene el poder de poner en jaque el sistema democrático del país para evitar que se derogue la Ley de Amnistía?

Alfredo Cristiani ordenó a la bancada de ARENA a levantar la mano para aprobar el infame Decreto Legislativo 743 que obliga a los cinco magistrados de la Sala Constitucional a ponerse de acuerdo por mayoría absoluta para declarar inconstitucional cualquier ley, especialmente leyes que protegen a ciertos grupos en El Salvador. Más tarde, no necesariamente debido a las protestas de agrupaciones civiles que han repudiado dicha propuesta, el señor Alfredo Cristiani ha ordenado a la bancada de ARENA para que baje la mano, una vuelta de 180 grados, para proponer que no se implemente el infame decreto porque los cuatro magistrados “rebeldes” han dado señales de buena fe que no enmendaran la Ley de Amnistía, lo cual atenta, según el señor Cristiani, contra el proceso de paz.

Alfredo Cristiani sabe que si la Ley de Amnistía es derogada, él irá directamente a la cárcel si se demuestra en una corte (nacional o internacional) su participación intelectual, directa o indirecta, en la muerte de los seis padres Jesuitas, la empleada domestica y la hija de ésta aquel infame día del 16 de noviembre del 1989 en los recintos de la UCA. Alfredo Cristiani, como Presidente de la República en aquel entonces, tiene responsabilidad política y legal por lo que hicieron sus subordinados, bajo las órdenes del coronel René Emilio Ponce (ya fallecido).

Pero volvamos, por un instante, al infame Decreto Legislativo 743. ¿Dónde se ha visto que los jueces reciben órdenes de los políticos cómo deben interpretar la ley? Cuba, Zimbabue y Corea del Norte, por citar algunos ejemplos, son países dónde los jueces obedecen órdenes de los jefes políticos. Pero aquellos que soñamos con un mejor El Salvador, un país moderno, dónde el Sistema de Justicia esté libre de injerencia partidaria o intereses personales, debemos alarmarnos cuando Alfredo Cristiani ordena a la bancada de ARENA (acompañado por el PCN, GANA y el PDC) aprobar un decreto que atenta contra la independencia del sistema judicial salvadoreño. Preocupa bastante también que el Presidente Mauricio Funes se haya apresurado a firmarlo. Todo esto pone en evidencia el largo camino que tenemos que recorrer para dejar de ser un país bananero. Si señores, obligar y chantajear a los jueces equivale vivir en un país como Zimbabue.

Durante la guerra civil, se cometieron graves atropellos a los derechos humanos, por ambas partes. La Ley de Amnistía fue implementada para proteger aquellos que cometieron los crímenes; no para garantizar la paz. Este fue un pacto político entre los que estaban en guerra. Nunca se le consultó al pueblo salvadoreño, ni muchos menos a las victimas.

Miles de salvadoreños perdieron la vida en mano de verdugos que todavía siguen sueltos. Si El Salvador no logra castigar aquellos responsables por la muerte de los seis jesuitas, la empleada domestica y la hija de ésta, las victimas tendrán que conseguir justicia fuera de El Salvador. Si, es un sagrado deber hacer justicia aunque no podamos dar vida aquellos que la perdieron el 16 de noviembre de 1989. Alfredo Cristiani teme que lo vayan a encontrar desprevenido. Es por eso que es mejor blindar el sistema legal salvadoreño.

El FMLN insiste que el nefasto Decreto 743 debe seguir su curso. Obviamente, existe gente en el FMLN que tampoco quieren que la Ley de Amnistía se derogue. Lo que más nos debe preocupar a los salvadoreños es la facilidad y ligereza que tienen los honorables señores de la Asamblea Legislativa para levantar la mano. Hoy, los diputados de ARENA, nos vienen a decir que lo hicieron porque escucharon “rumores” que la Sala Constitucional iba a declarar la Ley de Amnistía inconstitucional.

Sería interesante promulgar una ley que obligue a todos los honorables diputados a solucionar nuestros problemas, poniéndose de acuerdo por mayoría absoluta, y si no lo logran, ser fusilados o ahorcados en la plaza pública. ¿Qué les parece?

© 2011 Manuel García

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