A más desarrollo menos violencia armada

Roberto Cañas López
Firmante de los Acuerdos de Paz


Muchos titulares, editoriales y discusiones se generaron en el país a partir de la publicación del informe elaborado por la Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre violencia armada y desarrollo, que identifica a El Salvador como “el país más peligroso del mundo”. Pero poco o nada se habló de las causas de la violencia armada que identifica el documento y las soluciones que propone.Efectivamente el documento mencionado más allá del “señalamiento nada honroso” que nos ha otorgado, expresa con claridad que la intención del estudio es: “entregar a los diseñadores de políticas y otras partes interesadas una herramienta oportuna para responder con evidencia en el diseño de políticas y programas a nivel local, nacional y regional”.

Poco o nada se logra con la repetición de un dato de la realidad, que nos guste o no, es parte de nuestra cotidianidad. Lo que tiene sentido es leer el documento para descubrir que el estudio mencionado señala que: hay una relación entre violencia letal y subdesarrollo y que “Aquellos Estados con altos niveles de violencia letal casi siempre se ven en dificultades para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. “Sabemos además que cuando un país avanza en términos de desarrollo, es muy probable que muestre una disminución de sus niveles de violencia letal”.

El informe también confirma que aquellos países con niveles bajos de desigualdad de ingresos y desempleo experimentan tasas de homicidios menores.En fin lo que vale la pena destacar es que el informe Carga Global de la Violencia Armada de la Secretaría de la Declaración de Ginebra hace un llamado a los Estados a reducir en forma cuantificable la carga global de la violencia armada y a mejorar en forma tangible la seguridad humana para 2015.El diagnóstico del estudio que se está comentando expresa con mucha claridad en el capítulo cinco titulado: “Mayor violencia armada, menor desarrollo”, la correlación existente entre violencia letal y desarrollo, y basta leer el resumen del capítulo para encontrar que “La violencia letal está fuertemente vinculada con resultados negativos en materia de desarrollo, y va acompañada de poco éxito en materia de consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, y que mientras mayor es el nivel de violencia letal en un país, mayor es la brecha de desarrollo en comparación con otros países y que la reducción de la incidencia de la violencia letal en un país redunda en una mayor consecución de los ODM en la mayoría de los indicadores y que existe un sólido vínculo entre las altas tasas de homicidios intencionales y niveles significativamente más altos de pobreza extrema y hambre (ODM 1), menores niveles de escolarización primaria (ODM 2), y mayores tasas de mortalidad infantil y de natalidad entre las adolescentes (ODM 4 y 5).

“Los países que registran, en términos proporcionales, una menor desigualdad de ingresos y menores niveles de desempleo, registran también, en términos comparativos, menores niveles de homicidios, y los países con menores niveles de desarrollo humano e ingresos casi siempre registran niveles de violencia letal alta y muy alta”.La cuestión está muy clara: hoy de lo que se trata, es de diseñar las políticas y programas adecuados para la reducción y prevención de la violencia armada, y esto pasa por tomar medidas para reducir el desempleo, la desigualdad, la corrupción, la impunidad.Eliminar la violencia y la delincuencia no es posible en el corto plazo, debido a lo complejo de la superación de las causas del fenómeno, y mucho menos será posible resolverlo si los ciudadanos no demandan la solución del problema, si las organizaciones sociales no tienen la potencia requerida para exigir el desarrollo de políticas públicas adecuadas; si los partidos políticos no quieren ofrecer para las próximas elecciones plataformas legislativas con soluciones.

Desactivar las principales causas de la violencia social supone también que el gobierno cuente con los recursos económicos que le permitan aumentar el gasto social para combatir la pobreza y la desigualdad y que además haga mejoras en la gestión pública: con transparencia, eliminando la corrupción y los empresarios abandonen su oposición a la reforma sustancial del sistema tributario, condición indispensable para la implementación de vigorosas políticas públicas encaminadas a solucionar los problemas de violencia y delincuencia.

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