Asamblea Legislativa desestima ante juicio contra la Sala de lo Constitucional

La denuncia fue presentada por el profesor Julio Enrique López Pérez, quien considera que los mencionados magistrados han cometido los delitos de prevaricato y desobediencia, tipificados en los arts. 310 y 322 del Código Penal. El denunciante estima que los hechos que generan estos ilícitos son las resoluciones de inaplicabilidad emitidas en el proceso de inconstitucionalidad 77-2013/97-2013 que la Sala de lo Constitucional tramita contra el nombramiento del magistrado Salomón Padilla.

El proceso de antejuicio es un requisito necesario para poder juzgar penalmente a ciertos funcionarios del Estado, entre ellos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en virtud que cuentan con fuero constitucional (art. 236 inc. 1° Cn.) Luego del antejuicio, si se encuentran motivos suficientes para iniciar un proceso penal, la Asamblea legislativa remite el caso a la Cámara Primera de lo Penal, de la Primera Sección del Centro (art. 139 del Reglamento Interior de la asamblea legislativa) y los funcionarios procesados quedarán suspendidos en el ejercicio de sus funciones mientras se tramita el proceso penal.

Hasta 2012 la promoción de antejuicio correspondía al Fiscal General de la República, pero en el marco de la confrontación que desde 2010 ha tenido la Asamblea legislativa con la Sala de lo Constitucional, esto se modificó para que la promoción del antejuicio dependa completamente de la asamblea legislativa. La reforma se realizó mediante el D.L. N°.27, del 14 de junio de 2012, D.O. No. 110, Tomo No. 395, del 15 de junio de 2012.

El tema fue estudiado por la comisión de Legislación el día 7 del octubre de 2013, y se acordó emitir un dictamen en el sentido que dicha petición no reúne los requisitos para que se abra un antejuicio según lo que establece el art. 236 inc 2º de la Cn. Este informe será conocido la próxima sesión plenaria y de ser aprobado, el caso pasaría al archivo.

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