Voto Exterior Por José Manuel Ortiz Benítez

Alcaldes y Diputados desde el exterior
Por José Manuel Ortiz Benítez

“A ellos no solamente debemos garantizarles el voto, sino que debemos facilitárselo para que su vínculo efectivo con su patria no sea tan solo el envío de una remesa” dijo el ex presidente Mauricio Funes el 3 de junio de 2012 a los honorables diputados de nuestra emblemática Asamblea Legislativa, a favor de la aprobación del voto para los salvadoreños en el exterior.

Al igual que el costureo de hebra fina, el argentino Luis Verdi le había construido la frase a medida para que Funes la ejecutara a la perfección. Son de esos casos excepcionales en el que una vieja deuda  electoral finalmente se convierte en ley para resucitar políticamente a una ciudadanía muerta en el exterior.

Presionados por una demanda ante la Sala de lo Constitucional, el 24 de  enero de 2013, Funes, El FMLN, ARENA y el resto de partidos políticos, aprobaron, en tiempo record, el voto en el exterior, poniendo así  fin a la vergüenza del estado salvadoreño con su Diáspora.

La ley, creada por la Administración de Funes y  aprobada por la Asamblea Nacional, permitía por primera vez que los salvadoreños en el exterior votaran en las elecciones presidenciales.

Las organizaciones sociales de salvadoreños en el exterior celebraron el triunfo cada una como una victoria personal. Cada cual saltó al ruedo a disputarse el crédito de la victoria.  Sin embargo, hubo un grupito de salvadoreños que, lejos de echarse el crédito, se opusieron a la propuesta por considerarla insuficiente, mucho antes que la ley fuera aprobada.

El 20 diciembre de 2012, un representante de Hato Hasbún, entonces Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, se reunió  en el Bistró San Lorenzo del MUNA (Museo Nacional de Antropología) con los ciudadanos Salvador Sanabria, Eduardo Salvador Escobar, José Ramón Villalta y René Landaverde Hernández para frenar una demanda contra el estado salvadoreño, interpuesta meses atrás ante la Sala de lo Constitucional.

Antes de terminar el gallo en chicha sobre el mantel, Sanabria le comunicó fuertemente al representante de la  Secretaría de Asuntos Estratégicos que la demanda ante la Sala de lo Constitucional  por el sufragio pleno de la Diáspora seguía en pie, puesto que la medida iniciada por el gobierno de Funes, a punto de ser probada por la Asamblea Legislativa, no autorizaba a los salvadoreños en el exterior a votar por sus alcaldes y diputados.

“No se puede dar un derecho a medias” le repitió, una y otra vez, Sanabria al hombre del gobierno, mientras éste continuaba hincándole el diente a una melcocha que había pedido de postre.

El representante del Sr. Hasbún se fue a su casa sin acuerdo y los 4 ciudadanos continuaron su demanda contra el estado salvadoreño por lesionar un derecho constitucional de los salvadoreños en el exterior: la participación plena de la Diáspora, no solo en las elecciones presidenciales, sino en todos los procesos electorales del país, incluidos la elección de alcaldes y diputados.

La Sala de lo Constitucional les ha dado la razón. Ahora la Honorable Asamblea Legislativa tendrá que reajustar la ley antes del 2018 y dar cabida a la Diáspora a participar en las elecciones municipales, legislativas y presidenciales.

No todos están de acuerdo con la sentencia. Algunos hermanos en suelo nacional sostienen que abrir por completo las puertas de la participación a la Diáspora es gastar dinero en votos desarraigados, poco razonados  o,  peor aún, fraudulentos. Otros van más allá y argumentan que una vez arrojado al exilio, el salvadoreño pierde el derecho a participar en los asuntos políticos de su comunidad porque ya no vive en ella, que la elección del alcalde municipal es cosa particular de los ciudadanos que aún viven ahí.  “Cómo pueden elegir ellos nuestro futuro desde el exterior”, sostienen, llevándose las manos a la cabeza.

Lo cierto es que el derecho al sufragio es de esos derechos inalienables que validan todo el sistema democrático, cuantos más seamos los que hagamos uso de ese sufragio, más fuerza y legitimidad tendrá nuestra democracia.

Ahora, le toca al estado, y más concretamente a los partidos políticos, demostrar cuanto interés tienen, realmente, en habilitar políticamente a la Diáspora.  

José Manuel Ortiz Benítez es columnista salvadoreño en la ciudad de Washington, DC.

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