¿Camino hacia una inminente conspiración? Por Walter Araujo*

Analista Walter Araujo 

El supuesto objetivo de esta conspiración parece ser claro y conciso: “Inhabilitar jurídicamente a todo posible candidato competitivo a la candidatura presidencial del 2019, que pertenezca a la izquierda salvadoreña”.

Nuestro proceso democrático, está en peligro por primera vez desde 1992; ni novela de espías, ni cuento chino. Los riesgos de lograr descarrilar el futuro del país están más latentes y presentes que nunca. Por tal razón, este artículo, muy a pesar de los riesgos que me pueda significar, representa un esfuerzo de un salvadoreño por tratar de recoger la verdad y lanzarla en forma de advertencia a los actores nacionales e internacionales, que algún interés tienen en lo que aún nos atrevemos llamar nuestro El Salvador.

El supuesto objetivo de esta conspiración parece ser claro y conciso: “Inhabilitar jurídicamente a todo posible candidato competitivo a la candidatura presidencial del 2019, que pertenezca a la izquierda salvadoreña”.

Los métodos, medios, instituciones e intereses nacionales e internacionales que se pueden olfatear, serán develados en el presente contenido. Estoy convencido de que el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, son amigos del pueblo salvadoreño y de sus instituciones. Creo, también, que el interés geopolítico de la gran nación del norte, interés normal y natural de una gran potencia, está nublando y afectando la visión de mediano y largo plazo de la forma de cómo tratar a El Salvador. La lucha frontal contra el Socialismo del Siglo XXI, marca la agenda hacia El Salvador, al incorporar al FMLN como un enemigo a vencer. Craso error, desde mi perspectiva; y la que desarrollo a continuación.

El FMLN no ha sido, ni por cerca, un partido que haya puesto en peligro el sistema constitucional de El Salvador. El FMLN se ha convertido, contra la creencia y deseo de algunos de sus cuadros más ortodoxos, en un partido pro-sistema y dentro del sistema. Las pruebas contundentes son las siguientes: mantiene la dolarización, nunca se ha abierto caso jurídico alguno contra un medio de comunicación, la banca nacional es protegida y abierta al manejo de capitales extranjeros, el sistema judicial es independiente del Órgano Ejecutivo, existe una Asamblea Legislativa equilibrada y con debate plural, las leyes al acceso y fiscalización de la cosa pública se han dictado, promulgado y sancionado bajo los gobiernos de izquierda.

El FMLN, no pasa más allá del discurso de alineación con las políticas de izquierdas; pues en la práctica, el Gobierno de la República, sigue las recomendaciones de los organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Su comportamiento en los foros y cónclaves mundiales, es el de un país abierto y democrático. Su confrontación con los contralores de la constitucionalidad es solo retórica, pues los fallos de la Sala de lo Constitucional se han acatado y cumplido a cabalidad. La Policía Nacional Civil (PNC), es una organización que combate el crimen y brinda seguridad ciudadana, sin mezclar los aspectos de política partidaria, ni ideológica en sus labores.

El acompañamiento de la Fuerza Armada, es de plena subordinación al poder político y las funciones que emanan de la Constitución.
Nadie en El Salvador puede señalar que la Fiscalía General de la República ha estado ligada al FMLN; ni la de Martínez, ni la del actual Fiscal. Es más, los señalamientos hacia ambos, si apuntan hacia algún lado, es hacia las cercanías con el partido Arena; para muestra: ¿Acaso no hay pruebas evidentes de que Martínez protegió a Francisco Flores y a Arena en el caso de los Fondos de Taiwán? ¿Contaba Luis Martínez con el apoyo para su reelección con financistas de Arena, como los Regalado? ¿Qué ha hecho el actual Fiscal General en los casos de los fondos Taiwán, los señalamientos contra la ex Vice Presidenta, y los demás casos contra personeros de Arena? ¿Qué busca la Fiscalía montando investigaciones ridículas que aparentemente buscan una afectación política como el caso del hipopótamo del zoológico, pretendiendo ligarlo a la construcción de un parque ecológico? ¿Cuál es la intencionalidad de presentar cifras sobre desapariciones en el año 2016 carentes de robustez y basadas en avisos? ¿Destruir las estadísticas positivas en la lucha contra la delincuencia?.

La intención de este escrito, en base a argumentos, es trasladarle un mensaje a la Embajada Americana en nuestro país, a la señora embajadora, para que, cuando analice a El Salvador, lo haga en base a su realidad; ya que, ni por cerca, nuestro país está viviendo lo de Venezuela, Bolivia o Ecuador. Por lo que hay que tomar, con sumo cuidado la situación del país.

Mucho ojo, señora Embajadora, con los del otro lado de la mesa, con mis anteriores aliados de lucha política, con la nada prestigiosa oligarquía, con la vieja derecha salvadoreña y su brazo político: El partido Arena. Arena, controla los medios de comunicación del país en un 95%. Revisemos: 100% del La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, y el Diario El Mundo; no maneja el pequeñísimo periódico Co Latino. Controla casi todos los canales de Televisión y sus medios noticiosos, con excepción de uno o dos canales que luchan por ganar algo de audiencia; manejan las radios casi en su totalidad. El único aspecto que no han podido controlar son las redes sociales y la mayoría de periódicos digitales emergentes, los que, en alguna medida, han logrado hacerle frente al todopoderoso control oligárquico de los medios de comunicación.

Las gremiales históricas están controladas por personeros de Arena: ANEP, CAMARESAL, ASI, FUSADES, ABANSA. Basta con revisar los nombres de sus directores: o son financistas, ex miembros del COENA, ex ministros o viceministros de Arena, y en casos evidentes, hasta candidatos a cargos de elección popular por el mismo partido. Los financistas de Arena controlan más del 90% del aparato productivo nacional (fábricas, propiedades, bancos, directorios de las AFP’s, ventas de autos, desarrolladoras de bienes raíces, constructoras; en fin, el 90% del aparato productivo privado).

Todo lo anterior, pareciese producto y consecuencia del desarrollo histórico del país, del pecado original de la mala redistribución de la riqueza y del desbalance evolutivo que significa el pecado original de haber tenido desde siempre una oligarquía criolla. El problema es, que eso no se queda allí.

Aparentemente, la vieja derecha ha comenzado no solo a buscar el copar algunas instituciones, sino lo peor, su instrumentalización antidemocrática.

La punta de playa parece haber sido la Sala de lo Constitucional. Existen “fuertes rumores” de que algunos personeros de ésta, tienen profundas relaciones ideológicas y comerciales con un par de los más multimillonarios oligarcas de El Salvador, y que pudiese existir un diseño estructural, a través del cual pretenden inclinar la balanza electoral. La primera acción aparente fue desfinanciar al Gobierno. Parecen comprobarlo las sentencias o resoluciones que han ido maniatando las finanzas públicas. Paralelamente, la bancada de Arena, ha ido negando sistemáticamente los préstamos que le permitiesen al órgano ejecutivo sanear las finanzas del Estado (los 900 millones, inconstitucionalidad sobre impuestos, no apoyo a los préstamos).

El segundo aspecto que llama la atención, es el supuesto sesgo partidario en los casos escogidos por probidad. Da la casualidad que han sido opositores, en su casi totalidad, al partido Arena. No se cuestiona el hecho  de investigar y perseguir situaciones incorrectas o ilegales, lo cuestionable es que solo apuntan a ciertos sectores relacionados a la función pública, siempre y cuando no sean de Arena. En apariencia, la Sala esperó hasta que pasaran los 10 años de la prescripción, para que no se afectara desde el gobierno de Flores para atrás, ya que la Ley con la que procesó los casos públicos, es la misma desde hace décadas. Da la sensación, que lo que se busca es el desprestigio de todo opositor de Arena.

Mucho más dramáticas, son dos sentencias de la Sala de lo Constitucional. La primera, la referente a que los Ministros y otros funcionarios no pueden ser candidatos a la Presidencia de la República sino hasta un período posterior al siguiente del cual ejercieron el cargo. Para ser claros, no podrán, por ejemplo, los Ministros Gerson Martínez, Hugo Martínez o el secretario Técnico de la Presidencia Roberto Lorenzana, ni siquiera ser candidatos a su partido; ningún ministro o miembro del Ejecutivo que hubiese hecho gobierno. La otra es, si algún Diputado o Alcalde decidiese correr bajo una bandera que no fue la que originalmente lo eligió, este no puede ser candidato por otra fuerza política hasta dos elecciones después; lo que también limita la libertad y posibilidad de buscar nuevos posicionamientos políticos.

Es imposible dejar de notar la saña y el matiz de persecución que existe en las expresiones del Fiscal General de la República contra el Alcalde de San Salvador; pareciese ser que la estrategia mediática de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, es llevar, a toda costa, al Fiscal a buscar, bajo cualquier pretexto, procesar y condenar, por cualquier causa, a Nayib Bukele. Lo amenazan con el caso inventado del Troll Center, con procesar a su familia con la publicidad del Ministerio de Turismo, con las luminarias, y recientemente con el ridículo caso del Hipopótamo Gustavito – Proyecto de Mega Parque Ecológico. El Fiscal no está mostrando absolutamente nada de imparcialidad, respetuosamente estaremos pidiéndoselo y lo haremos hasta el último día de los 20 meses que le restan para la conclusión de su mandato.

Por último, y lo que a mí me parece más delicado, es la búsqueda del proceso judicial de los Comandantes del FMLN y de los Miembros del Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador, hasta lograr inhabilitarlos para el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Cuando se declaró la Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, era lógico que se vendría una serie de demandas contra los comandantes guerrilleros y los militares que estuvieron al frente del conflicto. ¡Ojo, señores Generales y Coroneles! A la vieja derecha oligárquica poco le importan ustedes. Ya es público en los círculos políticos que los utilizarán de moneda de cambio para inhabilitar al Vicepresidente Oscar Ortiz.

Si un gobierno es malo, hay que permitir que sea la gente, el pueblo, quien lo cambie; no cambiando a los Magistrados del TSE, como lo hizo la Sala para que llegue uno de derecha- palabras de la Magistrada Suplente. Que sea el voto libre, igualitario y secreto el que decida si cambia al FMLN del ejecutivo o no; no las conspiraciones o triquiñuelas de la vieja derecha oligárquica. Pensemos en el mañana, en el futuro que tendría un gobierno emanado de la trampa, de la utilización antidemocrática de las instituciones. Que sea el pueblo el que decida, no una gran conspiración.

Walter Araujo es ex Presidente del Tribunal Supremo Electoral

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