Detectan pandilleros Infiltrados en el Ejercito salvadoreño

Dieciseis de los 645 exmiembros de la Fuerza Armada que han sido expulsados de la institución castrense en los últimos siete años por supuestos vínculos con pandillas, tenían rango de suboficiales lo cual les permitía tener personal de tropa bajo su mando, según un informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Defensa.

Tres de los suboficiales separados tenían el grado de subsargento y además eran comandantes de escuadras, es decir, que estaban al mando de un grupo de no menos de 12 soldados.

Los otros trece suboficiales eran cabos, lo que les permitía ser jefes de equipo, integrado por seis militares en promedio.

Lo preocupante para exjefes militares es que estos pandilleros infiltrados podrían haber influenciado en el personal bajo su mando y hasta podrían haber reclutado a más de algún militar para que se incorporara a las maras.

Pese a que las autoridades militares reconocen que esos militares depurados habían infiltrado a la institución castrense, los expulsados nunca fueron puestos a disposición de la Fiscalía o Policía para que éstos fueran procesados en los tribunales de justicia.

Hasta el ministro de Defensa David Munguía Payés, reconoció que se había comprobado de que los militares dados de baja tenían vínculos con pandillas, pero no dijo porqué no los habían remitido a la Fiscalía o a la Policía.

Reconoció que el proceso de selección y controles de los aspirantes a ingresar a las filas no han sido tan efectivos como para frenar la infiltración delictiva.

“Estamos conscientes que en nuestro proceso de reclutamiento, aún con los filtros que mantenemos, pudiera alguien tratar de infiltrarse”, dijo Munguía Payés en su oportunidad.

Dijo estar empeñados en mejorar el proceso de control de ingreso de los nuevos aspirantes a soldados al darle “seguimiento al comportamiento de todos nuestros efectivos en su desempeño en la tarea que se le asigne”.

En el documento oficial de la Unidad de Acceso a la Información Pública, el Ministerio de Defensa señala que a los 645 exintegrantes de la Fuerza Armada se les separó por “ser sospechosos de tener vinculaciones con grupos delictivos”.

Sin embargo, a estas personas solo las expulsaron de la institución armada, pero en ningún momento las pusieron a las órdenes de las autoridades fiscales y policiales para que se les iniciara una investigación de su probable pertenencia a pandillas u otros delitos, tal como lo cuestiona el diputado por el partido ARENA y general retirado Mauricio Ernesto Vargas.

El parlamentario señala que si las autoridades vigentes tenían conocimiento de que éstas personas eran parte de grupos delictivos tales como las pandillas era obligación de las mismas abrirles una investigación para determinar si los delitos cometidos eran jurisdicción del ámbito militar o del campo penal.

Si han omitido esa investigación por parte de las autoridades, es causa suficiente para pedirles su renuncia, según el diputado Vargas.

 A juicio de algunos exjefes militares consultados por El Diario de Hoy, a ellos les parece raro como éstos supuestos pandilleros lograron infiltrarse en la institución armada.

“Antes la función del oficial de Inteligencia era profesional, se han perdido muchos aspectos para desarrollar el trabajo al interior de la institución”, dijo un exjefe castrense que prefirió que no se publicara su nombre.

“Antes se visitaba a los vecinos y familiares. Si han penetrado hasta el ministro!… que se espera en otros niveles”, dijo otro exjefe militar.

En el informe de la UAIP se detalla de que el 2015 fue el año en el que más personal militar fue expulsado de la institución castrense.

Solo en ese año se destituyeron a 296 exmiembros por sospechas de tener algún vínculo con los grupos de pandillas.

Coincidentemente, el 2015 ha sido el año más violento en la historia reciente del país, después de haber finalizado el conflicto armado.

El año pasado, 2016, se convirtió en el segundo con la mayor cantidad de presuntos infiltrados descubiertos por las autoridades castrenses, según el reporte oficial.

Se pudo detectar a 130 individuos que se supone eran pandilleros que habían burlado los controles de ingreso a la institución castrense; mientras que en el 2014 se descubrieron a 91 militares que las autoridades sospechaban que formaban parte de esos grupos pandilleriles.

Entre los años 2010 y 2013 se separaron a 94 militares. Para el primer trimestre de este año se ha retirado a 18 soldados por las mismas razones.

En las cifras anteriores no se contemplan los arrestos de al menos dos sargentos y un cabo, a quienes las investigaciones fiscales los vinculan con grupos de pandillas o de colaborar con esas agrupaciones criminales.

Vargas: No basta expulsarlos, hay que investigarlos Para el diputado por ARENA Mauricio Vargas, el problema radica en que no solo hay que expulsarlos sino que también hay que ponerlos a las órdenes de las autoridades, ya sean militares o judiciales, después de que la Fuerza Armada haga una investigación interna.

 “No puede ser que estén hablando de que hemos dado de baja, ahí hay un delito que tiene que ser investigado, judicializado y puede estar dentro de las leyes, los delitos y faltas puramente militares o puede ser que sea enviado directamente a los tribunales civiles, pero que no que lo manden a su casa, yo no puedo deshacerme de una manera irresponsable de ese problema”, dijo Vargas.

Sostiene que las investigaciones tienen que abarcar en primer lugar si éstos infiltrados incurrieron en delitos puramente militares y que podrían haber puesto en peligro la seguridad nacional.

Señaló como delitos militares tales como el robo de armas, el robo de información clasificada, explosión de depósitos -arsenales- militares, asesinatos de funcionarios de primero, segundo y tercer nivel y cualquier otras series de cosas que atentan contra la institucionalidad puramente militar.

Si los delitos cometidos por estos infiltrados trascienden al ámbito penal, deberían de haber sido llevados ante los tribunales para que hayan sido procesados por los mismos, “lo cual no se ha hecho porque me da la impresión de que la flojera con la que se ven los problemas de la seguridad es de una altísima irresponsabilidad de parte de los funcionarios”, sostuvo Vargas.

En contraste con la posición del general Vargas, el diputado por el Partido de Concertación Nacional (PCN) Antonio Almendáriz no ve que sea legal que éstos expulsados sean investigados o puestos a las órdenes de las autoridades fiscales o policiales, sino se tienen las evidencias necesarias de que han cometido delito dentro de la institución.

“Desde el momento que los sacaron, es porque hubo una investigación y si se hubiera remitido a las autoridades es porque se ha cometido delito, ese es el procedimiento sino seríamos una dictadura como la de Venezuela”, dijo Almendáriz, quien está seguro de que los controles de ingreso están funcionando porque “en el ingreso tal vez no eran pandilleros, mientras estuvieron ahí, es que los pudieron haber corrompido”.

Asegura que el servicio de contrainteligencia de la Fuerza Armada también está haciendo lo suyo desde el momento en el que se detectaron a los 645 supuestos infiltrados en ocho años, sino “triste fuera de que estuvieran los individuos dentro y dijera la Fuerza Armada que no hay ningún infiltrado”.

Lo reforzó al señalar que “el día que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, digan no, aquí no hay ningún marero, aquí no hay ningún contacto con mareros y lo aseguraran, preocupémonos porque quiere decir que no están haciendo nada”.


Fuente: El Diario de Hoy./ David Marroquín.

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