Nueva ley en Texas obliga a la policia reportar indocumentados

Gobernador de Texas firma ley antisantuario que obliga a la policía reportar indocumentados 

Detenidos en operación "Night Moves" en Houston, Texas, en 2011. /  Cortesía ICE- Univisión 34

Con esta regulación los alguaciles en ese estado del sur del país podrían ir a la cárcel si no cooperan con las autoridades federales en la identificación de indocumentados.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó este domingo una ley contra jurisdicciones santuario que permite a la policía preguntar sobre el estatus migratorio de una persona y amenaza a los alguaciles con la cárcel si no cooperan con las autoridades federales en la identificación de indocumentados. 

"Los texanos esperan que mantengamos a la gente segura y eso es exactamente lo que vamos a hacer al firmar esta ley", dijo Abbott antes de concretar la iniciativa durante una transmisión de Facebook Live el domingo por la noche sin previo aviso, que a diferencia de otros actos de este tipo no contó con público, ni con asistencia de la prensa.

Mediante la transmisión desde el Capitolio de Texas, Abbott rubricó esta legislación que además busca penalizar a los gobiernos locales y a las universidades que decidan no cooperar con las autoridades migratorias federales en la identificación de los inmigrantes indocumentados para favorecerles y protegerles de la deportación.

Texas, donde se calcula que residen 1,5 millones de inmigrantes indocumentados y es el estado con mayor demarcación fronteriza con México, ha estado a la cabeza del debate sobre inmigración.

El gobernador de Texas, Greg Abbott.

La propuesta podría acarrear penas de cárcel para los alguaciles texanos que estén a cargo de las oficinas que no cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En la ley conocida como SB4, la iniciativa destinada a prohibir las denominadas "ciudades santuario", el gobernador firmó también una enmienda aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes que permitirá a los agentes de policía cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas en Texas.

El proyecto de ley eliminó un obstáculo final esta semana en la Legislatura, controlada por los republicanos, sobre las objeciones de los demócratas y los partidarios de los derechos de los inmigrantes.
Esta ley es entendida como una medida que se usará para discriminar hispanos.

Todos los jefes de policía de Texas se opusieron a la iniciativa, pese a que los republicanos dicen que es necesario para garantizar que las cárceles locales cumplan con las solicitudes de los funcionarios federales de mantener a los delincuentes peligrosos tras las rejas.

 "Esta legislación es mala para Texas y habrá nuestras comunidades más peligrosas para todos", escribieron en abril en una columna de opinión en el Dallas Morning News los jefes de policía de ciudades como Houston y Dallas, ante el temor de que medidas como esta acrecente la desconfianza entre los inmigrantes y las autoridades.

En los últimos años, otros estados donde los republicanos son mayoría presentaron políticas similares, pero Texas será el primero donde los jefes policiales podrán ir a la cárcel por no colaborar en el cumplimiento de la ley migratoria.

El alcalde de Austin, Steve Adler, que mostró su apoyo a la comunidad inmigrante en el pasado, subrayó tras reunirse con el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, que ni la ciudad de Austin ni el condado Travis son consideradas jurisdicciones santuario por la administración del presidente Trump.


Ultimátum de Trump

El gobierno de Donald Trump envió el pasado 21 de abril cartas a nueve jurisdicciones del país que están evitando compartir información sobre la identidad de inmigrantes indocumentados que detienen.

Las misivas, consideradas un ultimátum, amenazan a ciudades, condados y estados santuarios con retener fondos federales si no ponen fin a esa política antes de finalizar el mes de junio.

Las jurisdicciones ya habían sido identificadas en mayo de 2016 en un reporte del inspector general del Departamento de Justicia por tener reglas locales o regulaciones que interfieren con la habilidad de policías o alguaciles de comunicarse con autoridades federales migratorias sobre el estatus de los presos que mantiene en custodia, una práctica que dificulta su ubicación para poder ser procesados y deportados.

Las ciudades o juridiscciones afectadas son el estado de California, la ciudad de Chicago y el condado de Cook, Nueva Orleans, Nueva York, Filadelfia, Las Vegas, el condado de Miami-Dade y Milwaukee.

En el caso de Miami-Dade, pese a que también recibió la advertencia del gobierno federal, el alcalde Carlos Giménez, eliminó en enero pasado una política por la que había sido incluido en la lista del Departamento de Justicia de territorios que “limitan o restringen la cooperación con ICE”.

Las misivas cuyo preámbulo es avalado por el fiscal general Jeff Sessions, fueron firmadas por Alan R. Hanson, director en funciones de la Oficina de Programas de Justicia (OPJ) y tienen como justificación para su ultimátum el hecho de que estas jurisdicciones han "sucumbido bajo el peso de la inmigración ilegal y el crimen violento".

"El número de asesinatos en Chicago se ha disparado, aumentando más de 50 por ciento frente a los niveles de 2015. La ciudad de Nueva York continúa viendo asesinatos de pandillas tras asesinatos de pandillas", agrega el texto, que critica duramente a la ciudad neoyorquina por lo que considera una política muy suave contra el delito, texto que el alcalde de Nueva York consideró un insulto.

"Acabamos de tener los tres meses más seguros en la historia de la ciudad de Nueva York", aseguró en rueda de prensa Bill de Blasio al saber los comentarios de Hanson.

Fuente: Univisión.

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