¡Protestar no es delinquir! - Por Walter Araujo
Por Walter Araujo*
Mucho y muchos, han hablado y comentado sobre el litigio jurídico que pende en la Sala de lo Constitucional sobre el Sistema Integrado de Transporte para el Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS). Tratar de orientar a la ciudadanía, desde nuestra óptica, es una obligación ciudadana de aquellos que tenemos alguna incidencia pública. Por la importancia jurídica, política, y social que tiene el tema, este artículo será más extenso de lo que acostumbro.
Extraordinariamente, me veo obligado a tocar el punto sobre si tengo o no la experticia y capacidad jurídica para analizar y proponer este tema. Explicaré, porque sí creo tenerla: estudié las materias necesarias de la carrera de leyes para tener una sólida base jurídica; he cursado diversos diplomados de Derecho Constitucional en universidades del país y en el extranjero; trabajé en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa durante años; fui legislador durante tres períodos y ostenté el cargo de Presidente de la Comisión antes mencionada, así como la Jefatura de Fracción del partido de Gobierno; habiendo sido, también, Secretario, Vicepresidente y Presidente de ese órgano del Estado.
Fui Magistrado del Tribunal Supremo Electoral durante diez años y presidente de esa institución; además, he trabajado, activamente, en procesos de preparación, aprobación y ratificación de reformas a nuestra Carta Magna, como las derivadas de los Acuerdos de Paz y la que modificó el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Por todo lo anterior, es que puedo aportar una visión política tan necesaria para el análisis en cuestión. Políticamente, mi hoja de vida es lo suficientemente amplia y probada.
El ciudadano debe de entender que el caso SITRAMSS, es un litigio de carácter jurídico, que nace por la presentación de una demanda de inconstitucionalidad, presentada por ciudadanos que lograron la admisión, de su pretensión, ante la Sala de lo Constitucional. La inconstitucionalidad, versa en contra de la actuación de las autoridades gubernamentales ligadas al tema transporte, quienes han otorgado la operación de autobuses y su explotación económica en el SITRAMSS, a empresas privadas. Concretamente, los demandantes dicen que dichas actuaciones han vulnerado, específicamente, el artículo 120 de la Constitución de la República; artículo que obliga a someter, para su aprobación ante la Asamblea Legislativa, toda concesión.
Alegando los demandantes, concretamente, que las obras materiales de uso público, como las calles, separadores de contención y terminales que componen la parte física del SITRAMSS, configuran la obligación de otorgar este negocio a las empresas privadas operadoras, mediante la figura constitucional de la concesión.
El Gobierno, por su parte, se defiende escudándose en la legislación que, en materia de transporte, está vigente; específicamente las normas desarrolladas en los artículos 41 y 43 de la Ley de Transporte. El artículo 41 dice: “Podrán establecerse vías o carriles para uso exclusivo de determinado tipo de vehículos, de conformidad a estudios técnicos realizados o avalados por la Unidad de Ingeniería de Tránsito del Viceministerio de Transporte”. El artículo 43, faculta al VMT a decidir sobre las terminales que usan las rutas del transporte público. El gobierno, alega que no ha entregado la obra material de uso público a ninguna empresa privada en particular, que los carriles exclusivos, los separadores y las terminales están en posesión, poder y manejo del Estado, por lo que no opera la figura de la concesión. Agrega, en su defensa, que lo que hace es autorizar a diversos empresarios para explotar el servicio, mediante la autorización de unidades (autobuses) que tienen que cumplir con ciertas especificaciones y características; que deben, además, cumplir normas y regulaciones que están bajo la supervisión de la autoridad gubernamental del Vice Ministerio de Transporte, VMT.
Así está planteado el problema ante la Sala de lo Constitucional, en un expediente iniciado hace más de dos años. En su tramitación, surgen ciertos pasos que han acelerado y derivado en una crisis política. Inicialmente, aparece la solicitud del ente gubernamental demandado, quien ha solicitado la recusación de cuatro de los cinco Magistrados que componen la Sala, alegando en dicha recusación, una serie de argumentos como: la no imparcialidad, y otras figuras que inhabilitarían a dichos magistrados para conocer sobre el fondo del asunto.
En respuesta a esta solicitud del Gobierno, los cuatro magistrados sobre los que hay solicitud de recusación, adoptan una “medida cautelar” que obliga a poner a disposición de todos los usuarios, el uso de la obra pública; para el caso: el acceso de cualquier automovilista a las calles que han sido afectadas por el SITRAMSS.
Y se preguntará el ciudadano, ¿qué es una “medida cautelar”? Es una resolución judicial dictada por la autoridad que está conociendo el caso, para tutelar o proteger ciertos derechos o bienes materiales, que corren un grave peligro; esto, antes de emitir una resolución definitiva. En este caso, es necesario conocer que la “medida cautelar”, dictada por los cuatro magistrados, ya había sido solicitada anteriormente y en dos ocasiones por los peticionarios; los mismo cuatro magistrados la habían rechazado. Es la adopción de esta medida, la que genera la crisis que se vive en este momento. La genera por dos situaciones: 1. aparentemente, es dictada como una respuesta caprichosa de los cuatro magistrados, ante el movimiento jurídico de la recusación; y 2. la resolución causó un viraje en la posición de los cuatro magistrados de la Sala, ya que representa un repentino y ficticio cambio de los elementos fácticos que habían servido de base en la solicitud inicial de la medida cautelar. Elementos que eran y siguen siendo los mismos, así como las situaciones existentes que predominaban cuando fueron rechazadas, por la Sala, las dos anteriores solicitudes. En palabras sencillas: la Sala rechazó dos veces la medida cautelar y la acepta la tercera vez, existiendo las mismas circunstancias.
Como requisito para dictar una “medida cautelar”, es necesario cumplir con dos elementos: el fumus boni iuris, que es la apariencia de buen derecho; y el periculum in mora, que es el peligro o riesgo que puede suceder por el paso del tiempo. El primer requisito se cumple; ya que puede darse, efectivamente, el caso de que existiese la violación a la norma constitucional. No así, el segundo requisito; que es lo que convierte a esto, en el detonante de una crisis, ya que sin mayor sustentación del requisito del daño irreparable que se puede causar en el litigio en cuestión, se dicta la medida.
¿Acaso han cambiado las circunstancias que impulsaron a los cuatro magistrados a rechazar dos veces la medida cautelar? ¿Acaso el daño por no dictarla es irreparable? Lo que es peor: sientan unas premisas totalmente cuestionables, extendiendo normas de equidad e igualdad nada sólidas ni convincentes, sino por el contrario, inconvenientes, contradictorias y de una fragilidad jurídica evidente. Tal como hemos podido describirlo, llegamos a la colocación del detonante de la crisis.
Estas son las razones que me han llevado a elevar mi voz en actitud de protesta, y a lanzar una serie de advertencias de cómo puede devenir esta crisis, si no es tratada con el cuidado y delicadeza de una verdad determinante: la prevalencia del derecho, de la constitucionalidad. Hemos sido firmes en solicitar lo único que se puede solicitar: la “revocatoria” de la medida cautelar; el Gobierno ya interpuso tal recurso. Al mismo tiempo, hemos hecho una advertencia clara y enérgica como ciudadanos en ejercicio de nuestros derechos; hemos advertido que la emisión consuetudinaria de resoluciones arbitrarias por la Sala de lo Constitucional, puede llevar al país al desacato de esas resoluciones. Hemos hecho uso de la protesta, haciendo pequeños actos de desobediencia civil para llamar a la autoridad judicial a enmendar la plana.
Es nuestro derecho de ciudadanos; pues nosotros no somos gobernantes ni funcionarios, a quienes, por mandato constitucional y legal, les corresponde “ACATAR” las resoluciones emitidas. No hagan aspavientos falsos, ni escándalos plañideros queriendo decir que los ciudadanos estamos incendiando al país, ni llamando a la insurrección. No confundan lo que es una protesta ciudadana con actos de desobediencia civil, a llamados a la insurrección o al desacato. Busquen en todas mis declaraciones, escritas y grabadas por los medios de comunicación, y descubrirán la veracidad de lo que apunto aquí.
Por eso es que la solución a esta crisis, pasa por una secuencia de actos jurídicos; porque eso es lo esencial del problema, son alegaciones jurídicas. Volvemos, reiteradamente, a señalar que el primer paso es la revocatoria de la medida cautelar, por no cumplir con uno de los requisitos necesarios para haber sido dictada. Luego, debe de ser tramitada la recusación contra los cuatro magistrados; al estar esto evacuado, debe, a la brevedad, el Tribunal, compuesto como se determine luego de evacuada la recusación, tomar resolución definitiva en el sentido que el derecho, la justicia y la Constitución dictan. No hay otro camino para resolver esta crisis; o si lo desean llamar, esta bomba de tiempo que los mismos magistrados se han auto colocado.
Las valoraciones políticas, son necesarias de cara a la verdad que requiere el país; por lo tanto, me permitiré hacer algunas de ellas. El SITRAMSS es un proyecto de gobierno. No hay que confundirlo con las empresas, llámense SUBES, SIPAGO, o como se quieran llamar. El gobierno está legitimado a impulsar sus proyectos; si son buenos o malos, técnicos o antitécnicos, populares o antipopulares, es algo que no debe de ser materia de la Sala de lo Constitucional, como tampoco de los demandantes.
Lo único que la Sala debe de decir en este caso, es si hay o no violación al artículo 120 de la Constitución, y modular los alcances de la sentencia, nada más; y los demandantes ser notificados de la resolución. Digo “modular” la sentencia, porque en este caso, si es a favor de los demandantes; existirán efectos que determinar, por la certeza jurídica y los derechos que emanan de las actuaciones de entes del Estado. Si es declarada inconstitucional, y esto obliga a la concesión que establece el Artículo 120, debe de procederse a la indemnización, liquidación, y a definir el lucro cesante para las personas naturales o jurídicas a las cuales se les autorizó el negocio, e hicieron inversiones en ello. Eso es así, aquí y en cualquier parte del mundo.
Por eso es que he querido introducir el tema del SITRAMSS como proyecto de gobierno, pues posterior a un fallo definitivo de esa naturaleza, el Gobierno tiene todo el derecho de continuar con su desarrollo; ya sea por los caminos que emita la sala en su resolución, que puede ser el ordenar la concesión, u otro camino que la modulación de la sentencia permita; como, por ejemplo, la aplicación de la Ley que rige los asocios público-privados. Es importante, es más, es una obligación jurídica de la Sala, proteger la inversión en la obra pública que hizo el gobierno en los separadores, en las terminales, etc. Vemos aquí, como los ciudadanos tenemos derechos en este litigio; de nuestros impuestos, se ha pagado y se paga el préstamo que sirvió para levantar esa infraestructura.
Lo anterior, es una de las razones por las que he protestado, porque tengo todo el derecho a protestar como dueño de los impuestos que he pagado. Si la Sala no protege esa inversión materializada en obra pública palpable y demostrable, que tenga la seguridad de que, si la obra pública se destruye, haré uso de mi derecho como ciudadano y exigiré, igual que muchos, la responsabilidad que los magistrados tienen como funcionarios públicos; por no prever la destrucción o daño de esa infraestructura, pues de ella somos dueños todos los salvadoreños.
He protestado, porque comprendo la necesidad de crear un sistema de trasporte público; léase público, moderno, eficiente, seguro, ecológico y rápido, pero sobre todo un sistema de transporte digno y humano, no como el servicio deprimente, salvaje y “asesino” que quieren mantener, a toda costa, los Genaros Ramírez o los Juan Pablos Álvarez. Digo asesino, porque lo es; ya ha asesinado a miles de salvadoreños, comenzando por las altamente cancerígenas emisiones de sus destartaladas unidades, por la cantidad de accidentes que tanta muerte han causado a sus usuarios y a terceros, y por el degradante, indigno e inhumano trato diario que brindan a sus pasajeros y a los conductores en la vía pública. Dígame usted ciudadano, ¿está de acuerdo en que continúe existiendo ese sistema arcaico, delincuencial y troglodita? Ese que, aparte de “maldito y denigrante”, le lleva a la bolsa de los Genaros y Juan Pablos, más de 70 millones de dólares al año en subsidios de nuestros impuestos. Ese viejo sistema de transporte, estoy seguro, que lo quiere eliminar la totalidad de la población.
Protesté e hice uso de acciones de desobediencia civil, acompañando a una parte de los más de 45,000 usuarios que a diario usan el SITRAMSS, porque entiendo el impacto que significa en sus vidas el tiempo que les hace ahorrar para llegar a su trabajo y regresar a sus hogares, tiempo para ellos y sus familias. Protesté, porque entiendo que el beneficio no solo es para los 45 mil que lo usan diariamente; potencialmente, está allí para las personas que viven en el sector oriental de la capital, que son más de 350,000 personas. Protesté, porque ese sistema, en su segunda etapa, abarcaría a otras 650,000 personas, hasta integrar toda el área metropolitana.
El SITRAMSS, tiene que ser el soldado del pueblo que tiene nuestra orden clara y precisa de aniquilar al sistema que alimenta a los buses chatarra de los Genaros y sus gárgolas. Por eso protesté, y creo que cumplí con mi país; siendo solidario con los más vulnerables y desprotegidos por la sociedad, por los que no tienen carro y por los que, teniéndolo, aún no se han dado cuenta que van a salir ganando con un proyecto como el SITRAMSS.
He protestado contra lo que me parece una permanente e incorrecta actitud y posición de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional; materializadas en resoluciones, generan una percepción evidente para dañar al Gobierno y a sus afines. Me comprometo con la ciudadanía a presentar, en los próximos días, otro artículo extenso, donde desarrollo y trato de sustentar lo antes expuesto. Estos cuatro magistrados, han asumido un papel que no les corresponde.
El subjetivismo les está vedado por Constitución y por ley; más aún, el favoritismo partidario o la utilización del poder judicial en detrimento de ideologías. ¿Por qué el Magistrado de la Sala le contestó al Secretario de Comunicaciones del Gobierno, que él sí había viajado en bus cuando estudiaba en la universidad nacional, pero que los “guerrilleros” los habían quemado? ¿Por qué el otro Magistrado expresó un subjetivismo de esta envergadura: “Queremos que, si hay tráfico y lentitud que la sufran todos por igual”?
Con el respeto debido, que como seres humanos estoy obligado a guardarles, como el político y funcionario que fui, además de un ciudadano que siempre seré, me permito enviarles un mensaje a los cuatro Magistrados cuestionados: “Ustedes no son quienes van a definir la política del país, ni en su presente, ni en su mañana; si esa es su pretensión, estén seguros que eso no será así”. Se los digo desde mi experiencia en esto de la política; soy mucho más joven que el menos viejo de ustedes, y más viejo y conocedor de las andanzas y manipulaciones que la vieja derecha hace al sistema político electoral, al que recién le llamamos y pretendemos que sea un proceso democrático, que el menos joven de ustedes. Sé de algunas de las manipulaciones que los poderosos amos de la vieja derecha han hecho en todas las Salas que conforman el Órgano del Estado que ustedes integran hoy. Dinero y poder, han comprado en el pasado, la justicia para el más rico, dejando la miseria y el dolor para el más desprotegido.
Tengan mucho cuidado, señores cuatro magistrados, por su nombre y por su prestigio. No se vayan a prestar a manipular la política, como se rumora; no se vayan a prestar al juego de querer allanar el camino a los amos eternos del dinero y del poder; a esos, que son al mismo tiempo, los responsables de la injusticia y la exclusión. Tarde o temprano, la verdad sale siempre a la luz, y el pueblo no perdona. Mírense en los espejos que ustedes mismos han potenciado; con claridad meridiana, mírense en los espejos de los antiguos guerreros de verde olivo, que cubiertos del poder y la gloria que otorgan las armas y la guerra, están hoy en el banquillo de los acusados. Magistrados, el poder es temporal. En lo personal, no tengo nada contra ninguno de ustedes; es más, guardo gratos recuerdos de aquellos que conozco y simpatía jurídica por muchas de sus posiciones. Soy conocedor de lo que es esto, y estoy en la obligación ciudadana de advertirles.
Convoqué y protesté en la estación del SITRAMSS del Parque Infantil; de allí me retiré a mi casa, como muchos de los que allí nos reunimos. Otros, decidieron marchar hasta las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Me di cuenta, por los medios, del intento de violentar uno de los portones de acceso al edificio. Eso no es correcto. Si es necesario individualizar ese acto fuera de lugar, háganlo y procedan conforme a la ley. Gracias a Dios, esos insensatos e imprudentes, no derribaron esas rejas porque ahora estuviésemos lamentando, quizá, la muerte de un par de imprudentes, que seguramente hubiesen caído abatidos por ese ejército de seguridad privada, que, con toda prepotencia y uso de armas de guerra, exhibieron las autoridades judiciales.
No sean cobardes. Yo fui retenido dos días en la Asamblea Legislativa, hace años, por un grupo armado de ex combatientes del conflicto de la FAES. Recuerdo que entre los diputados que sufrimos esa privación, estaban Gerson Martínez y Ana Guadalupe Martínez. En aquellos años de 1995, aún estaba fresca la guerra, todavía se podía oler la pólvora en el País. Al salir libres, no salimos a llorar, ni a gritar, ni a demandar a los grupos violentos. Salí, junto al resto de diputados, a buscarle solución a la problemática. Jamás, Magistrados, ni su vida, ni su integridad han estado en peligro. Trabajen para resolver las diferencias entre las partes; apegados a la Constitución y la ley, demuestren que son valientes.
No queda más que pedir el tratamiento lógico del tema: revocatoria de la resolución, procesamiento inmediato de las recusaciones y un pronto fallo definitivo. Eso se llama apagar el incendio y salir de la crisis. A todos esos abogados que hacen sus pininos ante la opinión pública, muy buenos por cierto algunos, quiero también dedicarles unas líneas: El hombre para ser reconocido en una sociedad, necesita ser claro y definido, tanto en su posición como en su planteamiento.
No jueguen a posturas de independencia jurídica, si lo que tienen es posición ideológica partidaria; será muy fácil comprobar los baúles que guardan en sus bodegas, ya que algunos lo que andan haciendo, es ganando puntos con las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia en pro de sus litigios judiciales, así como tratando de conseguir arbitrajes o manteniendo los que ya tienen en otras instituciones que operan dentro del sistema de justicia. Esta sociedad es tan chica, que destapar los baúles de cada quién es fácil.
No jueguen tampoco a querer ser la continuidad de esta Sala, queriendo inventar procedimientos que les favorezcan junto a tanques de pensamiento o gremiales empresariales; eso lo definirán las elecciones y los diputados que integren la próxima legislatura. Estoy casi seguro de que, tanto el FMLN como ARENA, mantendrán el equilibrio que les ha venido dando el electorado; de conservar el veto para cada uno, en las elecciones que requieren mayoría calificada. Es decir: sin ellos no habrá 56 votos, sin uno de ellos no habrá paraíso. Así que, continuidad de esta Sala, tal y como hoy la perciben, muy difícilmente la tendrán. Me permito, desde esta columna, en público, pedirles a ustedes y a las asociaciones y gremiales que integran, un favor: “no acusen a los demás de querer incendiar el país, ya que protestar no es igual a delinquir”.
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