Joven pasó 3 meses en prisión para que declarara contra Nayib Bukele
Uno de los acusados relató el calvario que vivió por 91 días en una de las bartolinas más peligrosas del país.
Foto: porttada.com |
Andrés Ricardo Ortiz, uno de los cinco jóvenes acusados por La Prensa Gráfica (LPG) y la Fiscalía General de la República (FGR) de supuestamente haber realizado una parodia del periódico, relató los duros momentos que vivió estando privado de libertad por tres meses y un día dentro de las bartolinas de Mejicanos rodeado de pandilleros, asesinos y criminales por el objetivo de LPG de presionarlo para que declarara en contra del alcalde Nayib Bukele.
Andrés fue detenido el 11 de noviembre de 2015 cuando la FGR realizó el primer allanamiento y lo acusó de Violación de Derechos de Autor, Violación de Distintivos Comerciales y Falsedad Material, pero recobró su libertad seis días después luego que un juez le otorgara medidas sustitutivas a la detención provisional.
Gozando de esas medidas, tres meses después la FGR añadió un delito más, Asociaciones Ilícitas, solo para volver a capturarlo y fue en esta ocasión que el joven pasó en prisión desde el 16 de febrero al 17 de mayo del 2016, cuando la Cámara de lo Penal de San Salvador decretó que era injusta la detención del joven.
foto: solonoticias.com |
El pasado lunes finalizó la vista pública en el Juicio del Meme y el colegiado informó que el próximo 01 de diciembre darán la resolución final en el caso.
Desde el mismo lunes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado en La Prensa Gráfica (EDH), El Diario de Hoy (EDH) y Telecorporación Salvadoreña (TCS) donde trata de intimidar a los jueces del caso conocido como Juicio del Meme para que condene a los cinco jóvenes acusados.
En el comunicado la SIP dice que es respetuosa de la legislación de cada país pero advierte a los jueces que deben condenar a los implicados para ser un referente en la región.
Tanto José Roberto Dutriz (dueño de La Prensa Gráfica) como Fabricio Altamirano (dueño de El Diario de Hoy), son miembros de la SIP, el primero es el tesorero y el otro es el vicepresidente de la SIP, por ello es que desde el inicio del proceso en 2015 han controlado a este organismo para intimidar y manejar mediáticamente el caso con sendos comunicados dirigidos al sistema de justicia de El Salvador.
Fuente: porttada.com
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