Ex Presidente Alfredo Cristiani al juzgado por caso Jesuitas en El Salvador
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| El expresidente de la República y cinco militares del ex Alto Mando deberán sentarse frente al Juez Tercero de Paz para ser interrogados por la masacre de los religiosos en 1989. |
El juez escuchará los testimonios el próximo martes 10 de abril para tener elementos sobre la reapertura del caso, el cual ha sido pedido por la Compañía de Jesús en El Salvador, pese a que el abogado de la UCA, Arnau Baulenas, pidió se sobreseyera de manera definitiva a Cristiani porque no encuentran elementos de juicio que los haga creer que el expresidente tuvo conocimiento antes y durante la masacre.
El periodista Nelson Rauda, del periódico digital El Faro, reveló este lunes que el juzgado donde se ventila el proceso citó a Cristiani y a otros cinco militares del ex Alto Mando, para que rindan declaración en el Juzgado de San Salvador.
La UCA pidió en noviembre de 2017 la reapertura del proceso judicial contra los autores intelectuales del crimen, ocurrido el 16 de noviembre de 1989, en el marco de la ofensiva guerrillera “hasta el tope y punto”. Aquella madrugada, el batallón élite Atlacatl, de la Primera Brigada de Infantería, perpetró la masacre contra seis sacerdotes y dos empleadas.
El pasado 13 de febrero, la jueza suplente Tercera de Paz decidió no reabrir el caso ya que el proceso "es sumamente delicado, complejo y voluminoso", señaló en aquél momento. La suplente pasó la responsabilidad en el propietario José Alberto Campos.
Ante tal postura, la querella consideró que dicha sentencia vulneró los derechos humanos de las víctimas.
El Juzgado decretó en el año 2000 el sobreseimiento definitivo en contra de los acusados de ser los autores intelectuales, pero por tratarse de un crimen de guerra es un delito “imprescriptible y no amnistiable”, dijo Baulenas.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República ha mostrado despreocupación por el caso, aún cuando pudo presentar acusación el 13 de julio de 2016 cuando la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía.
La parte querellante acudió a la justicia salvadoreña, una vez más, “en busca de satisfacer los derechos de las víctimas y no negar el derecho de acceso a la justicia y sobre, todo a la verdad”, señaló la UCA.
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