Sistema de Corrupción, Continúa en El Salvador

Sistema de corrupción Continúa en El Salvador

La orden de la Corte Suprema de no investigar casos de corrupción ocurridos antes de 2009 blinda a exfuncionarios de gobiernos de ARENA, involucrados en casos de corrupción. Perpetuando así, el sistema de corrupción que es la raíz de los problemas en el país centroamericano.

El combate a la corrupción continúa siendo el talón de aquiles del Estado salvadoreño. Hasta ahora, las políticas anti corrupción no han sido suficientes y han causado la desconfianza de los salvadoreños en las instituciones de gobierno y en la clase política.

El triunfo del joven político Nayib Bukele en las elecciones del 3 de febrero de 2019 fue un reflejo de la hartazgo de la mayor parte de la población contra la corrupción entre la élite política del país centroamericano.

En este informe realizado por The Americas Program, sobre corrupción en El Salvador, se analizan las raíces de la corrupción y cuando este se cerraba, el país dio un gran paso atrás en el esfuerzo de llegar a la justicia y erradicar la corrupción en el país. El 15 de marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña ordenó dejar sin efecto cualquier investigación de casos por enriquecimiento ilícito y corrupción de funcionarios públicos que dejaron sus cargos hace diez años o más.

La medida beneficia y blinda, especialmente, a los expresidentes y otros personajes que ocuparon y aún ocupan, cargos públicos durante los gobiernos del partido ARENA.
La decisión de la Corte, promovida por 11 magistrados es sorpresiva, pues durante la campaña presidencial el candidato ganador, prometió ir al fondo en el tema de la corrupción y ese fue su gran atractivo.  El jóven político Bukele, quien se postuló como candidato de la nueva coalición GANA-NUEVAS IDEAS, declaró que iba a perseguir, encarcelar y exponer a todos los funcionarios corruptos de los gobiernos.

Con la decisión de los magistrados, a partir del 31 de mayo de 2019, todos los casos de corrupción ocurridos antes de 2009 prescribirán y no podrán ser reabiertos, ni tampoco investigados.
"Lo hemos dicho claro y fuerte: puede ser del partido en el que estamos afiliados o del que sea, quién sea, la CICIES (Comisión Interamericana contra la Impunidad en El Salvador) tiene que actuar contra el corrupto... si paramos la corrupción y hacemos que paguen, el país puede comenzar a prosperar", dijo Bukele en una entrevista en la televisión nacional.

El nuevo presidente prometió crear una comisión, como la CICIG de Guatemala, que investigara los casos de corrupción del país. Sin embargo, con la orden de la Corte Suprema, esta promesa no será cumplida y ya no se habla de formar una comisión internacional para investigar casos que con esta medida quedan en la impunidad total.
Con esta orden, las investigaciones inconclusas contra los expresidentes areneros Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, que se anunciaron en 2016, quedan totalmente sin efecto y toda acción judicial en contra del expresidente Francisco Flores quien estaba en medio de un juicio por corrupción cuando falleció, también quedarán sin efecto.

Otro beneficiado con esta medida es el exvicepresidente, también del partido de derecha, Francisco Merino, señalado por utilizar una licitación de la Corte de Cuentas del país para comprar terrenos propiedad de gobiernos locales para su patrimonio. Merino ahora, miembro del Partido de Conciliación Nacional (PCN) continúa ejerciendo cargos públicos.

La Corte Suprema, también exoneró de toda investigación o procesos a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, que formó parte del gabinete del expresidente Elías Antonio Saca, y que ya tenía una investigación porque su patrimonio incrementó y esta no presentó la documentación requerida para justificar que sus finanzas se inflaron mientras ocupó el cargo en el gobierno entre 2004 y 2009.

El expresidente Saca, condenado a diez años de cárcel por actos de corrupción, reveló durante el juicio en su contra que el sistema de corrupción fue heredado en los gobiernos del partido de derecha. Sin embargo, con la orden de la Corte Suprema, ninguno de los exfuncionarios nombrados explícitamente por Saca por actos de corrupción podrá ser investigado o juzgado.

La orden se basa, en el artículo 240 de la Constitución de El Salvador, que dice que no pueden iniciarse juicios por enriquecimiento ilícito si no es dentro de los diez años siguientes a la fecha que un funcionario público haya dejado su cargo. Entonces, las investigaciones que ya se habían iniciado contra los tres expresidentes de ARENA quedan sin efecto; pero además, todos los casos de corrupción que hayan sucedido antes de 2009 ya no podrán ser investigados.

Sin embargo, según abogados que siguen de cerca algunos casos de corrupción, la decisión de la corte va en contra de la Constitución, porque obliga a la Fiscalía a no investigar. Destacan que la medida beneficia casi por completo a los gobiernos del partido de derecha y a sus exfuncionarios.

En este contexto de incertidumbre, preocupación por los escándalos de corrupción de los últimos casos que involucran a dos expresidentes--Elías Antonio Saca y Mauricio Funes--y a otros funcionarios públicos, y con la atención internacional puesta en el auge de la emigración desde el país, este reportaje sobre corrupción ofrece algunas claves para entender las causas y manifestaciones de la corrupción. Sin entender las raíces, es imposible explicar el éxodo de los ciudadanos y la incapacidad de resolver a fondo los problemas sociales que afligen al país y a su gente.

Este informe, se enfoca también en el papel del gobierno de los Estados Unidos, que ha estado al tanto sobre la trama y el sistema de corrupción creado en El Salvador. Trump y sus aliados en el partido Republicano, junto a grupos de la derecha, han utilizado la bandera del combate a la corrupción para atacar a personas del FMLN y cobijar a los políticos de ARENA ya denunciados por corrupción.

El presidente Trump y el senador Marco Rubio, en particular, han actuado en el tema de corrupción con una agenda política, alimentando una campaña de presión mediática para sancionar a miembros del gabinete de los gobiernos del FMLN, sin mencionar en sus discursos los peores casos de corrupción que han salido a la luz en los últimos meses, previos a las elecciones presidenciales de febrero de 2019 y que involucran, principalmente, al partido aliado de derecha ARENA.

El doble discurso con fines políticos se ve claramente en la falta de respuestas por parte del gobierno de Trump a la decisión de enterrar la corrupción del pasado, efectivamente dando luz verde a la continuación de las estructuras de corrupción del presente.

El presente informe, concluye que, a base de las enormes cantidades de recursos públicos desviados y las estructuras de corrupción que rigen en el gobierno, cualquier diagnóstico de El Salvador hoy en día tiene que incluir no solo el problema de la violencia, sino también el gravísimo problema del desfalco de miles de millones de dólares del Estado salvadoreño, realizado de forma sistemática en los últimos años por funcionarios públicos.

La relación con los Estados Unidos es un eje importante en esta investigación. La administración Trump ha mostrado una actitud agresiva hacia El Salvador desde el inicio de su gobierno, declarando que los países del llamado Triángulo de Norte “no son amigos”, porque no hacen su trabajo para evitar la migración de sus ciudadanos o la corrupción en los gobiernos.

Esta investigación, también analiza el papel de la prensa estadounidense, que ha suprimido información en torno a los casos de corrupción y mostrado un sesgo en la cobertura a no informar sobre  los graves casos que involucran a gobernantes de la derecha—casos que ya han sido investigados, confirmados y enjuiciados.

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